Provincias se movilizan contra la reforma sobre biocombustibles que podría afectar economías regionales

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Las provincias de Buenos Aires, La Pampa y San Luis expresaron objeciones a las modificaciones propuestas para el sector del biodiésel en el proyecto impulsado por La Libertad Avanza, mientras que Santa Fe y Córdoba, coordinadas entre sí, trabajan en enmendar el texto.

(NAP) La iniciativa de reforma de la ley de Biocombustibles que impulsa La Libertad Avanza (LLA) en el Senado encendió las alarmas en varias provincias por el posible impacto sobre las pequeñas y medianas empresas del sector. Jurisdicciones como Buenos AiresSan LuisCórdobaSanta Fe y La Pampa manifestaron reparos respecto del texto presentado por la senadora Patricia Bullrich, que propone cambios sustanciales en el régimen vigente.

La propuesta de modificación a la Ley N° 27.640 —que regula los biocombustibles hasta 2030— plantea extender el régimen por 15 años, aumentar el corte del biodiésel al 10% y del bioetanol al 15%, y distribuir la composición del bioetanol entre caña de azúcar y maíz (6% cada uno). En el seno del Senado, el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda dejó en evidencia posiciones encontradas: hay al menos seis textos en discusión, entre ellos el de Bullrich, cuya característica principal es una mayor desregulación y la permisión de que empresas integradas ingresen al mercado interno.

La preocupación por las pymes regionales

El punto más conflictivo radica en la posibilidad de que empresas integradas —productoras de aceite vegetal o con capacidad exportadora— compitan libremente en el mercado doméstico de biocombustibles. El régimen vigente había incentivado la radicación de plantas regionales en zonas sojeras —como La PampaEntre Ríos y San Luis— otorgándoles cupos para el corte en el gasoil. Gobernaciones y autoridades provinciales advierten que la competencia con grandes jugadores pondría en riesgo a las plantas ubicadas a más de 80 kilómetros de los puertos y, por ende, la continuidad de fuentes de trabajo locales.

En Buenos Aires, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, señaló que la promoción propuesta “favorece únicamente a las grandes empresas y llevaría al cierre a las pymes, radicadas en el interior bonaerense”. Rodríguez recordó que en la provincia funcionan 11 pymes del rubro y subrayó que cualquier reforma debe garantizar la preservación y el crecimiento de la capacidad productiva existente. “La continuidad de las empresas existentes y su impacto positivo en las comunidades donde están radicadas no es negociable para la visión de desarrollo que tiene la Provincia”, añadió.

En San Luis, el ministro de Desarrollo Productivo Sustentable, Federico Trombotto, envió una carta a los legisladores en la que advirtió sobre el impacto: la industria del biodiésel en la provincia representa “sustento directo para más de 250 familias” y moviliza actividades conexas que consolidan cientos de puestos de trabajo. Trombotto afirmó estar “profundamente preocupado” por un eventual cierre de pymes en beneficio de grandes aceiteras integradas y exportadoras.

En La Pampa, el senador Daniel Bensusán (PJ), cercano al gobernador Sergio Ziliotto, sostuvo que el proyecto “perjudica la producción regional, en manos de pequeñas y medianas empresas, poniendo en riesgo de quebrar a 25 pymes”. Bensusán estimó que se pondría en juego el sustento de alrededor de 100 familias que trabajan directa o indirectamente con esas empresas y presentó, junto a otros legisladores provinciales, una nota proponiendo modificaciones que preserven segmentos diferenciados: uno para pymes, otro para no integradas y otro para las integradas de Santa Fe.

Propuestas de la Región Centro

Los gobernadores de la Región Centro, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, también expresaron reservas pero coincidieron en la necesidad de elevar el corte del biodiésel. Pullaro difundió un documento con propuestas que incluyen aumentar el corte del biodiésel al 15% —en vez del 10% que prevé el texto original— y reservar el 40% del mercado para productores no integrados, dejando el 60% restante abierto a integradas y refinadoras. Además, impulsó la creación de un sistema de monitoreo para detectar prácticas anticompetitivas y mecanismos de denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

La gobernación de Córdoba manifestó adhesión a las modificaciones sugeridas por Pullaro, mientras que desde la Secretaría de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Nación se señaló que Santa Fe concentra casi el 85% de la producción nacional de biodiésel. En 2025, la producción argentina rondó las 970.000 toneladas, por debajo de las 1,1 millones del año anterior.

El debate en el Senado transcurre entre la intención de impulsar mayor competencia y eficiencia en la cadena de los biocombustibles y la demanda de protección de capacidades productivas regionales que generan empleo y desarrollo local. Las provincias reclaman garantizar segmentos de mercado que permitan la subsistencia de pymes y evitar la concentración que, según advierten, podría derivar en cierres y pérdida de fuentes de trabajo.

La discusión seguirá en comisiones, con múltiples proyectos en juego y una negociación que tendrá que conciliar intereses macroeconómicos y energéticos con la preservación del entramado productivo provincial.(Noticias AgroPecuarias)

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