La Justicia suspendió por 6 meses parte de la reestructuración del Inta
La cautelar impide avanzar con cierres de dependencias, movimientos de personal y eventuales ventas de inmuebles mientras se analiza el fondo de la causa.
(NAP) La Justicia Federal ordenó suspender de manera inmediata parte del proceso de reestructuración impulsado en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado junto con organizaciones vinculadas a la extensión rural y la agricultura familiar.
La resolución fue dictada por el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, quien dispuso que el organismo se abstenga de ejecutar diversas acciones contempladas en la Resolución 24/2026 mientras se tramita la causa principal.
Entre las medidas alcanzadas por la cautelar figuran la supresión de funciones y unidades dependientes, los traslados de personal, los pases a disponibilidad, las desvinculaciones de trabajadores técnicos y administrativos, el movimiento de equipamiento y cualquier decisión vinculada con la asignación, venta o subasta de inmuebles pertenecientes al organismo.
La decisión judicial se enfoca especialmente en la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) y su red de agencias de extensión.
En los fundamentos del fallo, el magistrado consideró que estas dependencias desarrollan actividades de investigación, transferencia tecnológica y asistencia técnica que poseen relevancia pública y cuentan con respaldo en distintas normas nacionales.
Según trascendió, la medida cautelar tendrá una vigencia de seis meses. Durante ese período el INTA no podrá avanzar con las acciones cuestionadas hasta que la Justicia analice el fondo del planteo y determine si la reestructuración se ajusta o no al marco legal vigente.
Desde ATE celebraron la decisión judicial. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el fallo representa un límite a las políticas de ajuste impulsadas sobre organismos públicos de ciencia y tecnología. La presentación también fue acompañada por APINTA, cooperativas y organizaciones vinculadas al desarrollo rural, que habían expresado preocupación por el eventual cierre de agencias y la reducción de servicios de extensión.
El caso se suma a otro antecedente reciente vinculado al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde el mismo juzgado dispuso una medida cautelar que frenó parcialmente cambios organizativos impulsados por el Gobierno nacional.
Por tratarse de una medida cautelar, el fallo no constituye una resolución definitiva sobre la validez de la reestructuración. El Estado nacional y las autoridades del INTA podrán apelar la decisión ante instancias superiores, mientras continúa el proceso judicial.
La controversia vuelve a poner en debate el alcance de las reformas impulsadas en organismos de ciencia y tecnología y el papel que desempeña el INTA en investigación agropecuaria, innovación, transferencia de conocimientos y asistencia técnica a productores en todo el país.
