Obra pública: cómo es el modelo ‘a la chilena’ que propone Milei

Se trata de un esquema que quiso hacer Macri y se enfoca básicamente en virar de la obra pública a la ‘iniciativa privada’. Los números de la experiencia en Chile. Contras y a favor.

(NAP) El presidente electo Javier Milei ratificó que su modelo a seguir para levantar obras de infraestructura es el de Chile, país que aplica el sistema de obra público-privada, el mismo que intentó Mauricio Macri en 2018.

“Empezamos recortando la obra pública y llevándola a cero, y las que están en curso las licitamos. Los contratos se respetan. Pero vamos a una iniciativa privada a la chilena”, dijo Milei en campaña y lo sigue diciendo ahora como presidente electo.

El esquema que porpone es el de Participación Público Privada (PPP) que  significa que el Estado le otorga la facultad al empresariado de llevar adelante una obra de infraestructura a cambio del usufructo de un bien mediante concesiones. El ejemplo más claro es un corredor vial, donde el privado cobraría peaje a cambio de realizarlo, pero también en Chile se han realizado bajo esta modalidad aeropuertos y cárceles.

“El sistema PPP varía de proyecto a proyecto. Lo único que no es, es obra pública, aquella donde el Estado define la obra, la manda a licitación, un privado gana la licitación y el Estado va pagándole a medida que se va haciendo. Así, la obra es estatal y se hace cargo de su administración”.

Así lo explicó a Ámbito el economista y especialista en este modelo Genaro Grasso que agregó que “cuando los Estados no tienen plata ni forma de financiamiento, llega la PPP”.

Milei hasta ahora sostuvo que solamente el sector privado llevará a cabo las obras: “Si no es rentable para el mercado, entonces no es deseable socialmente”, sostiene el presidente electo. Cabe el interrogante respecto del futuro de las obras donde prima el concepto de necesidad por sobre el de rentabilidad.

En el caso de Chile -según Ámbito- el Estado mantiene una porción de sus obras de infraestructura bajo la mano del Estado: según el propio Ministerio de Obras Públicas, el gobierno invierte el 4,1% del PBI. “Invertiremos más de u$s2.000 millones en licitaciones y relicitaciones como, por ejemplo, obras públicas concretas como el teleférico que unirá Iquique con Alto Hospicio”, dice la web de esa cartera. El número incluso está por debajo de la inversión real directa consolidada en Argentina, que fue de 2,8% del PBI en 2022.

Cuestionamientos

Marco Enríquez Ominami, ex candidato a Presidente de Chile y fundador de Grupo de Puebla, sostuvo en diálogo con Radio 10 que el modelo PPP ha funcionado regularmente en el país latinoamericano, pero advirtió algunos de los cuestionamientos. El primero es el sobreprecio que se le cobra a los usuarios porque deja al privado “cobrar lo que quiera”, dijo Ominami y recordó que previo a la regulación detallada de contratos, los chilenos “podían endeudarse hasta 50 veces por falta de pago y terminar abonando hasta u$s30.000” por no pagar el peaje en un corredor vial.

En este sentido, asegura que la comparación entre el sistema económico que funciona en Chile y el de Argentina no es posible, porque allí “todo está basado en un sistema libre de elegir, pero es una trampa, no es la libertad de elección, sino la libertad de endeudarse”. Así, los hogares están endeudados en un 75% frente a los bancos, y los alumnos a los 23 años ya mantienen deudas de u$s20.000 para acceder a sus estudios.

La segunda advertencia tiene que ver con la capacidad limitada del Estado para “tomar decisiones democráticas y políticas”. Aquí también aparece el riesgo de discrecionalidad a la hora de definir los proyectos: el Estado tiene la facultad de determinar prioridades pero, si un privado le acerca una obra y se acepta, en varias ocasiones no queda claro el criterio de selección frente a otros proyectos.

A su vez, las renegociaciones recurrentes por desactualización de los contratos y la urgencia de un Estado que mientras tanto mantenga el botón de encendido en las obras ejecutadas mediante subsidios también aparece como problema frecuente. Según Grasso, podría ser similar la situación en Argentina, donde “la fragilidad económica es muy grande”, por el nivel de inflación, dificultades en el acceso al financiamiento por parte de privados y discontinuidades en las obras. “Cobrar la obra pública requiere de 15 o 20 años de peajes, pero dependés de que no te caiga la demanda y que el precio se mantenga en dólares, aunque esto es arbitrario. Te financias en dólares a largo plazo y eso conlleva mucho riesgo”, analiza el especialista.

De todos modos, Ominami destaca que la infraestructura chilena no podría haberse realizado de forma total sin inversión del Estado, puesto que se trata de una economía mixta. En Argentina, según datos oficiales el modelo de obra pública representa más de 250.000 trabajos directos, y sólo en el conjunto de la construcción 480.000, récord histórico para el sector. Durante la gestión de Unión por la Patria se realizaron 4419 obras, mientras que 2329 están en curso y 676 son proyectos en análisis.

Las PPP en Argentina

El marco normativo fue aprobado en noviembre de 2016 por el Congreso de la Nación, de acuerdo a un trabjo de Chequedo.com. Según el Banco Mundial, si bien no hay una definición exacta sobre estas asociaciones, se trata de “un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos”. Además, el acuerdo regula las responsabilidades de ambas partes y la remuneración que va a recibir el privado por tomar esa responsabilidad.

Un estudio de la Fundación CECE, integrada en su mayoría por profesores de la Universidad de Buenos Aires, agrega que este sistema, desarrollado a principios de los 70’s en el Reino Unido, implica en líneas generales “la prestación de manera directa de un servicio al sector público por parte de una empresa privada, mediante un contrato que incluye el diseño, la construcción y luego la operación y el mantenimiento de una infraestructura”.

Según el informe de CECE, realizado por el economista Alejandro Einstoss, “la mayor ventaja para el sector público es que las obras son financiadas por el sector privado, evitando de esta forma restricciones presupuestarias, sin generar deuda pública y aprovechando la capacidad de gestión del sector privado”.

Del lado del sector privado, las ventajas “vienen de la mano de poder participar y estructurar proyectos que estarían fuera de escala sin la participación del sector público”, donde el Estado asume ciertos riesgos o le reasegura una cantidad de ingresos.

Sin embargo, las PPP pueden presentar distintas desventajas en relación a la obra pública tradicional. Entre ellas, Einstoss destaca las posibles fallas en la confección de los contratos que deriven en sobrecostos a los usuarios, errores en la elección de los proyectos y en la distribución de riesgos, los elevados costos financieros, y renegociaciones recurrentes.