Escala el conflicto portuario: el Gobierno amenaza con denunciar penalmente a los prácticos y ya hay más de 150 buques demorados
La desregulación del practicaje derivó en un conflicto que ya afecta la operatoria de los puertos argentinos.
(NAP) La disputa por la desregulación del servicio de practicaje y pilotaje ingresó en una etapa crítica, luego de que el Gobierno nacional analiza impulsar denuncias penales contra los profesionales que suspendieron sus tareas en rechazo al Decreto 690/2026, mientras la medida de fuerza ya afecta el ingreso y egreso de buques en los principales puertos del país y pone en tensión la logística del comercio exterior.
Según datos del sector naviero y de la agroindustria, más de 150 embarcaciones permanecen demoradas a la espera de contar con un práctico habilitado para realizar las maniobras de navegación.
El conflicto se desató tras la publicación del decreto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que reemplazó el régimen vigente desde 1991.
La nueva normativa crea un registro abierto de prácticos administrado por la Prefectura Naval Argentina, habilita la libre elección del prestador por parte de las navieras, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales y faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a fijar tarifas máximas y exigir la publicación de los precios del servicio. También elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido y flexibiliza las condiciones de operación en ríos, puertos y canales.
La reacción de los prácticos fue inmediata. Desde el 1 de agosto comenzaron a comunicar de manera individual su “falta de disponibilidad” para nuevos servicios, lo que en la práctica paralizó gran parte de la operatoria portuaria.
La particularidad del caso es que no se trata de trabajadores en relación de dependencia, sino de profesionales independientes, por lo que el Ministerio de Capital Humano no puede aplicar fácilmente una conciliación obligatoria, ya que técnicamente no existe un conflicto laboral colectivo tradicional. Esa ausencia de un gremio con capacidad de negociación centralizada complica la búsqueda de una salida institucional.
Frente a la profundización del paro, la Prefectura Naval Argentina publicó un edicto intimando a 536 prácticos a retomar “de manera regular y reglamentaria” sus funciones. El organismo advirtió que el incumplimiento podría derivar en sanciones disciplinarias y en eventuales denuncias penales, citando los artículos 190 y 194 del Código Penal, vinculados a la puesta en peligro de la seguridad de una nave y a la obstrucción del transporte por agua. La decisión elevó significativamente la tensión entre el Gobierno y los profesionales del sector.
El impacto económico ya comenzó a sentirse en el Gran Rosario, principal nodo agroexportador del país. Sin prácticos no pueden realizarse las maniobras de ingreso, amarre y zarpada de los buques de ultramar, lo que afecta directamente la carga de granos, harinas, aceites y combustibles. Fuentes de la agroindustria señalan que los barcos “están parados porque requieren la asistencia del práctico para moverse”, mientras que la Cámara Argentina de Energía advirtió que la indisponibilidad de estos profesionales podría generar dificultades de abastecimiento si se prolongan las interrupciones en el transporte marítimo.
El debate
En el trasfondo aparece una discusión más amplia sobre el costo y la organización del sistema de practicaje. El Gobierno sostiene que el esquema vigente generaba barreras de entrada y costos elevados para la navegación comercial, y que la apertura del mercado permitirá mayor competencia y reducción de tarifas.
Los prácticos, en cambio, argumentan que la actividad está estrechamente vinculada con la seguridad de la navegación en el río Paraná y en los accesos portuarios, y cuestionan que la reforma se haya implementado sin una instancia suficiente de consulta técnica y profesional.
Con los puertos parcialmente paralizados, sin una mesa formal de negociación y con la posibilidad de que el Ejecutivo avance por la vía penal, el conflicto amenaza con convertirse en uno de los episodios más delicados para la hidrovía y el sistema portuario argentino en los últimos años. La evolución de las próximas horas será clave para determinar si se abre una instancia de diálogo o si la disputa escala hacia una confrontación judicial con consecuencias directas sobre las exportaciones y el abastecimiento interno.
