Proyecto oficial para derogar la histórica Ley de Arrendamientos Rurales y liberar los contratos de alquiler de campos
Fue diseñado por el Ministerio de Desregulación plantea eliminar el régimen que tiene 8 décadas para que los contratos se rijan por el Código Civil y Comercial.
(NAP) Entre las reformas que el Gobierno prepara para el agro hay una que podría modificar de manera profunda el mercado de alquiler de campos: la derogación de la Ley 13.246 de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, vigente desde 1948 y considerada uno de los pilares históricos de la regulación de la actividad agropecuaria.
El cambio forma parte de un anteproyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que todavía no fue enviado al Congreso.
La iniciativa propone eliminar el régimen específico que regula los contratos rurales para que las relaciones entre propietarios y arrendatarios pasen a regirse, en términos generales, por el Código Civil y Comercial de la Nación.
El Estado dejaría de intervenir mediante una legislación especial y serían las propias partes quienes tendrían mayor libertad para negociar aspectos como la duración del contrato, la forma de pago, las obligaciones recíprocas y las condiciones de explotación.
Para el Gobierno, la existencia de una ley específica representa una regulación innecesaria que limita la autonomía de propietarios y productores. La intención es equiparar los arrendamientos rurales con cualquier otro contrato privado, bajo el principio de libertad contractual que impulsa la administración de Javier Milei.
Debate
La propuesta promete abrir un fuerte debate dentro del sector agropecuario. A favor del respaldo la derogación sostienen que el mercado de alquileres rurales ya funciona, en la práctica, con contratos negociados libremente entre las partes y que la eliminación de la ley aportaría mayor seguridad jurídica, simplificaría las operaciones y reduciría la intervención estatal.
En cambio, sus críticos advierten que la desaparición del régimen especial podría debilitar la posición de los productores arrendatarios frente a los propietarios de la tierra, especialmente en un país donde más del 60% del área agrícola se produce sobre campos alquilados.
También plantean que contratos potencialmente más cortos podrían desalentar inversiones de largo plazo en conservación de suelos, infraestructura y mejoras productivas.
La eventual derogación también tendría un fuerte valor simbólico. La Ley de Arrendamientos fue sancionada en 1948 con el objetivo de ordenar las relaciones entre propietarios y arrendatarios y proteger a los productores frente a desequilibrios en la negociación. Desde entonces fue modificada en distintas oportunidades, aunque nunca perdió su carácter de norma específica para el sector rural.
De prosperar el proyecto, el Congreso volverá a debatir uno de los temas más sensibles de la estructura agraria argentina: hasta dónde debe llegar la libertad contractual en el mercado de tierras y cuál debe ser el rol del Estado en las relaciones entre propietarios y productores.
La iniciativa aún debe ser presentada formalmente en el Congreso, donde comenzará el debate legislativo sobre una de las modificaciones más relevantes incluidas en el paquete de desregulación que impulsa el Gobierno para el sector agropecuario. (Noticias AgroPecuarias)
