El Gobierno concesionó la Hidrovía y arrancan las obras de modernización
El Gobierno formalizó la concesión al consorcio integrado Jan De Nul y la argentina Servimagnus.
(NAP) El Gobierno argentino formalizó la concesión de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía Paraná-Paraguay) al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus, que tendrá a su cargo durante los próximos 25 años el dragado, balizamiento y mantenimiento de la principal vía de salida de las exportaciones argentinas.
La nueva concesión marca el inicio de una etapa de gestión privada sobre una infraestructura estratégica por la que circula cerca del 80% del comercio exterior del país, especialmente los embarques agroindustriales.
Desde el Ministerio de Economía sostuvieron que la adjudicación permitirá reducir en un 13,5% el valor del peaje que pagan los buques, al tiempo que habilitará un programa de inversiones para profundizar el canal navegable, incorporar nuevas tecnologías de señalización y mejorar la seguridad de la navegación.
Según la cartera económica, las obras apuntan a reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas.
Entre las primeras intervenciones previstas figura la profundización progresiva de distintos tramos del sistema, una demanda histórica del complejo agroexportador para permitir una mayor carga de los buques y reducir costos de flete.
La decisión pone fin a un extenso proceso licitatorio y abre una nueva etapa para una infraestructura considerada estratégica para la economía argentina, especialmente para las cadenas agroindustriales del Gran Rosario.
Cuestionamientos
Más allá de la adjudicación, la licitación continúa rodeada de cuestionamientos. Según publicó Ámbito, distintos actores plantearon dudas sobre el desarrollo del proceso, al considerar que el pliego de condiciones, los plazos establecidos y el sistema de evaluación de ofertas habrían favorecido al consorcio finalmente adjudicatario.
Entre las observaciones mencionadas figuran presuntas restricciones que habrían limitado la competencia, cuestionamientos sobre la integración de la comisión evaluadora y críticas al mecanismo utilizado para fijar el precio mínimo de referencia de las ofertas.
El Gobierno rechazó esas objeciones y sostuvo que la licitación se desarrolló con transparencia, participación de usuarios privados, provincias ribereñas y organismos internacionales, asegurando además que el procedimiento no recibió impugnaciones formales durante su desarrollo.
Sin embargo, uno de los puntos señalados por los críticos es que el propio pliego establecía un depósito de US$ 10 millones para presentar impugnaciones, condición que, según esas posiciones, desalentó eventuales reclamos administrativos.
