Semilleros: denuncian que cada vez se usa menos material fiscalizado
La cadena semillera alertó por un ‘momento crítico’ en cultivos como soja y trigo, con baja adopción de semilla certificada y menor inversión en genética.
(NAP) La cadena de producción de semillas en la Argentina atraviesa una situación de creciente preocupación, marcada por la caída en el uso de semilla fiscalizada en especies autógamas como soja y trigo, según advirtió la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores.
Casem resaltó que el fenómeno impacta directamente en la inversión en genética y en la sustentabilidad del sistema.
Desde la entidad señalaron que el principal problema es el bajo nivel de comercialización de semilla certificada, lo que debilita el desarrollo tecnológico del sector y desalienta la incorporación de nuevas variedades. “El sector enfrenta hoy una situación compleja”, indicaron, al tiempo que remarcaron que la semilla es el primer eslabón de la producción agropecuaria.
El planteo se da en un contexto más amplio, atravesado por la discusión sobre una nueva ley de semillas y la posible adhesión de la Argentina al convenio internacional UPOV 91, que ampliaría los derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales. Para el sector semillero, este debate está directamente vinculado con la necesidad de generar reglas claras que incentiven la inversión y reduzcan la informalidad.
Según Casem, la baja adopción de semilla fiscalizada no solo afecta la calidad y trazabilidad de la producción, sino que también limita la competitividad del agro argentino. En ese sentido, destacan que el uso de semilla certificada garantiza estándares de pureza varietal, sanidad y poder germinativo, aspectos clave para sostener rendimientos y eficiencia productiva.
Frente a este escenario, la entidad reclamó avanzar en una mesa de diálogo amplia, que incluya a todos los actores de la cadena —productores, semilleros, industria y Estado— para construir consensos y superar las tensiones actuales. El objetivo, plantean, es revertir el estancamiento y ordenar un sistema que hoy muestra signos de fragmentación.
El trasfondo del conflicto combina factores productivos y regulatorios. Por un lado, el crecimiento del uso de semilla no fiscalizada reduce los ingresos del sistema formal; por otro, la falta de acuerdos en torno a la propiedad intelectual y el uso propio de la semilla sigue trabando una reforma que lleva más de tres décadas en discusión.
En ese marco, desde el sector insisten en que la semilla debe ser considerada un bien estratégico, clave para el desarrollo productivo y la innovación. La recuperación del uso de material fiscalizado aparece, así, como uno de los ejes centrales para recomponer la inversión en genética y sostener la competitividad del agro argentino.
Otro pensamiento
Desde otro posicionamiento, el Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos expresó hoy una mirada diferente dentro del debate, al afirmar que la retribución a la innovación debe canalizarse exclusivamente a través de la compra de semilla, sin extender pagos o regalías sobre el uso propio.
Para la Cadia, la adhesión a Upov 91 podría profundizar los derechos del obtentor en detrimento del productor. Además, plantea que no existe una relación directa entre ese marco regulatorio y el desempeño productivo, al señalar que países como Brasil, Paraguay y Uruguay —referentes en la producción regional— no están adheridos a esa normativa.
