CARBAP pide una nueva ley de semillas pero con equilibrio
La Entidad que nuclea a las sociedades rurales de Buenos Aires y La Pampa expone su posición ante la Upov 91, al tiempo que reclama fortalecer la proyección de los ostentores. Pide, además, remover los obstáculos.
(NAP) En el marco del acuerdo recientemente firmado con Estados Unidos, que CARBAP celebra por considerarlo un paso positivo hacia una mayor integración y apertura comercial, surgen preocupaciones respecto de los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional en relación con una eventual adhesión de la Argentina al Acta UPOV 91.
“Argentina es miembro de UPOV 78 desde hace más de cuatro décadas. Este marco permitió el desarrollo del mejoramiento genético, la inversión en nuevas variedades y, al mismo tiempo, resguardó un principio esencial para el productor agropecuario: el uso propio”, sostiene la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), al fijar su posición institucional.
La UPOV 91 es la versión más reciente del convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (adoptado en 1961), que establece normas estrictas para proteger los derechos de propiedad intelectual sobre nuevas variedades vegetales.
En ese sentido, la Entidad presidida por IGNACIO KOVARSKY, recuerda que “Bajo este esquema, países como Brasil y Paraguay incrementaron significativamente su producción de soja, demostrando que es posible combinar innovación y crecimiento dentro de ese marco normativo”.
“Desde CARBAP entendemos que el país necesita reglas claras y previsibles que fortalezcan la propiedad intelectual en semillas y promuevan la innovación“, continúa el comunicado.
Al respecto, la Entidad destaca que los obtentores deben contar con mecanismos eficaces para proteger y cobrar por su trabajo. Sin embargo, la adhesión a UPOV 91 es el camino erróneo y no refleja lo que precisa la realidad productiva argentina.
“El Acta 1991 restringe el uso propio, amplía los derechos del obtentor y modifica el equilibrio histórico entre quien desarrolla la tecnología y quien la adopta”, recuerda CARBAP.
Con respecto a la legislación en materia de semillas: “Nuestra posición es clara: es necesario y posible actualizar la legislación vigente, fortaleciendo la protección a los obtentores dentro del marco de UPOV 78, mejorando los mecanismos de control, registración y cobro de regalías, y aumentando la transparencia del sistema, sin alterar principios que forman parte de la cultura productiva argentina”, añade el comunicado
Para CARBAP, el debate no debe plantearse como una falsa disyuntiva entre innovación o productores. Argentina ya cuenta con una base productiva sólida, con millones de hectáreas sembradas con variedades modernas.
“El problema no es la falta de voluntad de pago, sino la ausencia de un esquema equilibrado y consensuado”, enfatiza la organziación.
Al mismo tiempo, resulta imprescindible abordar el verdadero obstáculo estructural que hoy limita el crecimiento del sector: los Derechos de Exportación (DEX). Mientras persista esta carga, que actúa como el principal tapón al aumento de la producción y la inversión, cualquier discusión sobre incentivos tecnológicos quedará inevitablemente condicionada.
CARBAP reafirma que “cualquier modificación normativa debe surgir del diálogo entre productores, obtentores, industria y Estado, y no impuestas por compromisos externos. Las reglas que afectan la base tecnológica del agro no pueden definirse sin consenso”.
La Argentina necesita más innovación, inversión y producción. Pero también necesita acuerdos inteligentes que respeten su realidad productiva y fortalezcan su competitividad, cierra el comunicado de CARBAP. (Noticias AgroPecuarias)
