Habrá compensación para las semilleras
El anuncio lo haría el ministro Domínguez. Los productores que utilicen “semilla de propia producción y comercialicen el producto obtenido” deberán pagar un canon.
BUENOS AIRES (NAP) El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, presentaría en los próximos días una iniciativa en la Comisión Nacional de Semillas (Conase) para realizar una “compensación a la innovación tecnológica” por la cual “todos aquellos productores agrícolas que utilicen semilla de propia producción y comercialicen el producto obtenido” deberán pagar un canon por la soja y el trigo que siembren cada año.
El proyecto trascendió luego de la reunión que Domínguez mantuvo el martes pasado con representantes de los “obtentores” integrantes de la Asociación de Semilleros Argentinas (ASA).
El funcionario les habría comunicado que a partir de la próxima campaña de granos 2022-2023, se descontará a los productores un porcentaje del valor de los granos recibidos en plantas de acopio o puertos, con el cual se creará un fondo destinado a los semilleros.
El objetivo es que las empresas que invierten en mejoramiento de semillas puedan recuperar sus costos y apuesten por mayor tecnología.
Así, el Gobierno apelaría a un sistema en que los productores paguen una “tasa tecnológica” de hasta el 1,5% sobre el valor de la venta de trigo y soja, y que la recaudación se destine a compensar a las empresas de semillas y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), que son quienes desarrollan la tecnología.
Según consignó Bichos de Campo, los únicos exceptuados del nuevo tributo serían los agricultores inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf).
La iniciativa apunta a que el 10% de lo recaudado sea destinado al Inta con el propósito de financiar “programas de investigación y desarrollo de germoplasma y tecnologías aplicadas”, mientras que el 88% sería derivado a “obtentores de variedades vegetales protegidas y titulares de la tecnología incluida en ésta”. Por último, el 2% restante se asignaría al Instituto Nacional de Semillas (Inase).
La actual Ley de Semillas, vigente desde 1973, no obliga a los productores agropecuarios a pagar por las semillas de soja y trigo que siembran. Estas, al ser autógamas, pueden ser reutilizadas sin perder rendimiento.
Sin embargo, la nueva normativa impediría la reutilización de las semillas por parte de los agricultores y obligaría a pagar regalías por lo sembrado en cada hectárea, incluso por el denominado uso propio.
El titular de la cartera agropecuaria mencionó en reiteradas ocasiones la necesidad de una actualización de la Ley de Semillas que permita al productor argentino “ponerse al ritmo de los países de la región”.
En Argentina, solo el 35% del mercado de soja está conformado por semillas legales y fiscalizadas, mientras que en países como Brasil, ese porcentaje alcanza el 70%, en Estados Unidos, 95%, y en Uruguay, 100%.
Sin embargo, para modificar la ley debería contar con la aprobación del Congreso y dado que no existiría esa posibilidad, el Gobierno busca lograr un acuerdo con las compañías e impulsar un DNU para concretar el cobro de regalías mencionado.
