Para el campo los vientos albertistas pueden ocasionar tormentas
El presidente electo, Alberto Fernández prometió mantener un diálogo amplio con la producción y que no se repetirá el pasado, las gremiales del campo sin embargo abren el paraguas.
BUENOS AIRES (NAP) “Quien se quema con leche, cundo ve la vaca llora”, dice una vieja frase criolla y, al parecer, la elección de Alberto Fernández como presidente de la Argentina, a partir del 10 de diciembre próximo ya enciende señales de alarma entre las ruralidades, porque desde Santa Fe y Rosario las organizaciones gremiales salieron a rechazar un eventual ajuste de las retenciones, según dicen, trascendió por diferentes canales.
Claro, las heridas sufridas por la actividad agropecuaria durante la gestión del kirchnerismo cicatrizaron, pero no del todo y aun duelen y, teme que se vuelva a repetir el mismo escenario, según dicen “de la década perdida”, que impacto de lleno en la ganadería, se perdieron 9 millones de cabezas ganado vacuno que aún no se recuperaron, mientras que cuando llego el macrismo los ganaderos comenzaron a retener vientres, los agricultores volvieron a sembrar más trigo y a utilizar más nutrientes para el suelo.
Se estima que en los primeros seis meses de este año, a partir de la producción de los complejos de soja, girasol, maíz, trigo y biodiésel, la provincia de Santa Fe tributó más de 54.000 millones de pesos.
Frente a esos fantasmas y atento que una parte importante del staff la gestión “K”, volvería a entrar en escena, las agrupaciones del campo prenden las censores de alerta, porque puede pasar o no puede pasar nada.
Para alzar la guardia, se hablamos en términos boxísticos, Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, una entidad que agrupa a los productores y sus familias agrupadas en más de treinta Sociedades Rurales y Asociaciones adheridas dentro del territorio provincial, expresó su “total rechazo ante versiones referidas a la continuidad de los derechos de exportación, que refiere a las retenciones a los productos agropecuarios”, apuntó la Confederación.
“Resulta doloroso que con la rapidez que se piensa en recaudar más, no se tenga el mismo interés en asistir a la producción cuando enfrenta las inclemencias climáticas, sequías, inundaciones, etc., como las que hemos sufrido, que ocasionaron verdaderos desastres en nuestros campos y en las economías del interior provincial”, alertaron.
Se estima que en los primeros seis meses de este año, a partir de la producción de los complejos de soja, girasol, maíz, trigo y biodiésel, la provincia de Santa Fe tributó más de 54.000 millones de pesos. Cifra que se transfirió a las arcas nacionales, y empobreció a la economía cotidiana del interior provincial, recordaron.
“Remarcamos que nuestro sector se encuentra sumido en una profunda asfixia tributaria, a nivel nacional, provincial y municipal o comunal, y nos parece insensato continuar con la idea de las nuevas autoridades de seguir aumentando impuestos. Esperamos que se trate sólo de trascendidos”, puntualizaron desde CARSFE.
El sector primario siempre apoyará a las autoridades de turno, asegura, pero aclara que: “No toleraremos que se tome al campo como una caja de recaudación. Por lo tanto, pedimos que se aclare esta situación, ya que esta incertidumbre genera un mayor desaliento e incertidumbre, frenando las inversiones en un sector que anualmente es el que más invierte, genera y aporta riqueza para el país”.
Por último los confederados santafecinos remarcaron su rechazo a la idea de estas medidas, “totalmente alejada de la razón. Entendemos que se trata de algo simplemente recaudatorio y fiscalista, que vuelve a perjudicar especialmente a las economías regionales”,remnarcaron.
Por su parte, la Sociedad Rural de Rosario también salió al cruce frente a la “inminente asunción de nuevas autoridades en el gobierno nacional y al respecto la observó con preocupación las versiones que circulan en los medios sobre medidas económicas a adoptarse y que considera inapropiadas en estos momentos de recesión, inflación descontrolada y crisis social.
“Una de ellas consiste en aumentar la presión impositiva sobre el agro, con un incremento en los derechos de exportación sobre la soja que se ubica en el 25 %. Mientras que para el trigo y el maíz estipulados en el 6% respectivamente”,
La aplicación de los gravámenes de exportación trajo aparejado la concentración de la producción de la soja en pocas manos, por ser este el cultivo de más bajo costo para su implantación.
Quedó demostrado que en la medida que se disminuya la presión impositiva aumenta la producción del sector y por ende genera mayor ingreso de divisas (Noticias AgroPecuarias).
