Un nuevo decreto reforma el código aduanero y le da mayor previsibilidad a las exportaciones agroindustriales
El Gobierno permitirá ahora que los exportadores conozcan de antemano cómo será tratado cada producto en la Aduana. Para el agro, esto reduce el riesgo de cambios de criterio.
(NAP) La entrada en vigencia del decreto de necesidad y urgencia 41/2026, publicado hoy, formaliza el sistema de resoluciones anticipadas en el Código Aduanero y apunta a reducir demoras y conflictos en frontera.
Según los considerandos del DNU, esta medida implica menor incertidumbre, menos costos logísticos y una mejor planificación de las exportaciones del sector agroindustrial, principal generador de divisas.
Así el Gobierno nacional introdujo cambios relevantes en el Código Aduanero, con cambios largamente reclamados por importadores y exportadores.
El corazón del decreto es la posibilidad de que las empresas conozcan antes de concretar una operación cómo será tratado un producto por la Aduana en materia de clasificación arancelaria, valoración y origen.
De este modo, se busca evitar controversias posteriores que hoy derivan en mercadería retenida en puertos, mayores costos financieros y conflictos administrativos.
Qué cambia en la práctica
El nuevo esquema permite solicitar un dictamen oficial previo sobre el encuadre aduanero de una mercadería. El DNU fija un plazo máximo de 30 días para que el Estado emita una respuesta.
Si ese plazo vence sin pronunciamiento, la operación puede avanzar bajo las condiciones declaradas por la empresa, aunque con la posibilidad de exigir una garantía.
Las quejas del sector agroindustrial pasaban porque con el esquema anterior, los granos, subproductos, carnes, economías regionales y alimentos industrializados, solían quedar atrapados en discusiones por clasificación o valor, especialmente en momentos de alta demanda externa o en plena campaña comercial. Cada día de demora en frontera implica mayores costos y pérdida de competitividad.
En un contexto donde la competitividad exportadora se define por tiempos, costos logísticos y previsibilidad, el DNU introduce una mejora tangible. Menos días de mercadería detenida en puerto se traducen en menor costo financiero, menor riesgo comercial y mayor cumplimiento de contratos internacionales.
Además, el esquema aporta un incentivo adicional para las cadenas agroindustriales que buscan agregar valor y diversificar exportaciones, ya que los productos con mayor nivel de procesamiento suelen enfrentar más controversias aduaneras que los commodities tradicionales.
El decreto también clarifica las competencias del Estado: la clasificación arancelaria y la valoración quedan bajo la órbita del servicio aduanero, dentro de la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), mientras que las resoluciones sobre el origen de la mercadería pasan a depender de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.
En caso de conflictos, se establecen vías de reclamo diferenciadas, un punto clave para sumar seguridad jurídica en un ámbito históricamente afectado por interpretaciones cambiantes.
La reforma también responde a compromisos asumidos por la Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), que exige contar con un sistema operativo de resoluciones anticipadas. La prórroga otorgada al país vencía en enero de 2026, lo que aceleró la decisión de avanzar por la vía del DNU.
Voceros del sector ponderaron la medida como “una señal positiva” que si bien “no resuelve problemas estructurales como la presión impositiva o la infraestructura, sí reduce la incertidumbre, un factor decisivo a la hora de planificar inversiones y exportaciones”. (Noticias AgroPecuarias)
