Reforma laboral: el Gobierno acepta cambiar puntos del proyecto original y postergó su debate para febrero
El Gobierno resolvió priorizar la aprobación del Presupuesto 2026, en un escenario de tensión con los aliados y falta de consensos para avanzar con la iniciativa. Qué temas de la reforma se negociarían.
(NAP) El Gobierno de Javier Milei no logró avanzar en el Senado con su estrategia legislativa original y decidió postergar el tratamiento de la reforma laboral para febrero, durante una segunda etapa de las sesiones extraordinarias.
La intención inicial del oficialismo era obtener dictamen y media sanción antes de fin de año, pero finalmente optó por priorizar la aprobación del Presupuesto 2026 y dejar el debate laboral para más adelante.
La decisión se conoció tras una extensa jornada informativa en el plenario conjunto de las comisiones de Trabajo y Presupuesto, donde se esperaba garantizar un dictamen mayoritario. En ese marco, la titular de la Comisión de Trabajo del Senado, Patricia Bullrich, anunció que se firmará un dictamen “abierto a modificaciones” y propuso trasladar la discusión al 10 de febrero. Según explicó, el pedido surgió de distintos sectores que reclamaron más tiempo para analizar el proyecto.
Bullrich aclaró que el 26 de diciembre, fecha inicialmente prevista para el tratamiento de la reforma laboral, será destinado a la votación del Presupuesto 2026 y del proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal, ambos con media sanción de Diputados. El nuevo cronograma implica que el oficialismo buscará cerrar primero el debate presupuestario, clave para el Ejecutivo.
En ese sentido, el plan del Gobierno es alcanzar dictamen del Presupuesto este viernes 19 de diciembre en comisión y aprobarlo en el recinto del Senado dentro de los 5 días hábiles restantes del período extraordinario. El escenario es ajustado, especialmente luego de que en Diputados se cayera un capítulo completo del proyecto, que ahora el oficialismo intentaría reincorporar en la Cámara alta.
Ese intento abre un tratamiento contrarreloj: si el Senado introduce cambios y sesiona el 26 de diciembre, Diputados tendría apenas dos días hábiles para volver a dictaminar y sancionar la ley antes del cierre de extraordinarias, previsto para el 30 de diciembre. De no lograrlo, el Gobierno debería prorrogar nuevamente el Presupuesto 2023.
Durante la jornada legislativa se intensificaron las tensiones con los bloques dialoguistas, por diferencias en la redacción del proyecto y por el acuerdo entre libertarios y peronistas en Diputados sobre la Auditoría General de la Nación. En medio de esas negociaciones, Bullrich realizó una visita de urgencia a Casa Rosada y horas después confirmó que se avanzaría con un dictamen, aunque su texto final aún no fue difundido.
Desde la oposición, el senador Mariano Recalde valoró la postergación del debate, aunque cuestionó el contenido del dictamen. “Es bueno que no se cierre de manera exprés, pero el texto no recoge ninguna observación”, advirtió.
Marcha
La definición parlamentaria se produjo pocas horas después de la movilización de la CGT en Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral (foto). Desde la central obrera atribuyeron la postergación a la presión sindical y advirtieron que podrían avanzar con un paro nacional si el proyecto se trata sin cambios.
En paralelo, la CGT y los bloques legislativos peronistas reiteraron su propuesta alternativa de reforma laboral, basada en ocho puntos que incluyen la reducción de la jornada laboral, recomposición salarial, regulación del trabajo en plataformas, fortalecimiento de los convenios colectivos y ampliación de derechos laborales.
Principales puntos de la reforma laboral que impulsa el Gobierno
-Modernización del régimen de contratación, con mayor flexibilidad en los vínculos laborales.
-Extensión y redefinición del período de prueba para nuevas incorporaciones.
-Cambios en el sistema de indemnizaciones por despido y promoción de esquemas alternativos de cese laboral.
-Limitaciones a la ultraactividad de los convenios colectivos y mayor peso de los acuerdos por empresa.
-Regulación del derecho de huelga en actividades consideradas esenciales.
-Simplificación del régimen de multas y sanciones por trabajo no registrado.
-Incentivos a la formalización laboral y reducción de costos no salariales.
-Modificaciones en los mecanismos de negociación colectiva y en la representación sindical.
Según lo que trascendió en las negociaciones parlamentarias y con bloques dialoguistas, el Gobierno estaría dispuesto a revisar o morigerar algunos ejes del proyecto original. Los puntos que hoy aparecen como negociables son:
-Período de prueba: reducción del plazo originalmente propuesto o segmentación según tamaño de empresa.
-Indemnizaciones: límites a la eliminación del esquema tradicional y mayor gradualismo en los fondos de cese laboral.
-Convenios colectivos: atenuar la prioridad absoluta de los acuerdos por empresa y mantener ciertos pisos sectoriales.
-Ultraactividad: extender los plazos para evitar vacíos normativos ante la caída de convenios.
-Derecho de huelga: redefinir el alcance en actividades esenciales para evitar judicializaciones.
-Multas por trabajo no registrado: mantener sanciones en casos graves o reincidentes.
-Aplicación gradual: implementación escalonada de los cambios más sensibles del proyecto.
En cambio, no aparecen en discusión los ejes vinculados a la reducción de litigiosidad laboral y a los incentivos para la formalización, que el oficialismo considera centrales para mejorar el empleo privado. (Noticias AgroPecuarias)










