La ONU advirtió al estado argentino por reformas que pueden afectar el acceso a la alimentación
Cuatro procedimientos especiales comunicaron su preocupación ante medidas que impactan a familias de bajos ingresos, comunidades campesinas y rurales. Fue un pedido del CELS.
(NAP) En una carta dirigida al Estado argentino, cuatro relatorías y grupos de trabajo de Naciones Unidas expresaron su preocupación sobre distintas decisiones de política pública y legislativas que pueden afectar el acceso a la alimentación de acuerdo a los estándares internacionales. Alertaron sobre “la interrupción o reducción de la asistencia” en comedores comunitarios, huertas familiares y escuelas, y el impacto que eso tiene en los hogares que cuentan con esos espacios como fuentes para comer
Además, destacaron el riesgo que pueden implicar “los cambios normativos impulsados por el Poder Ejecutivo argentino”. En ese sentido, recordaron que el Estado debe “evitar toda medida regresiva injustificada”.
En el documento enviado desde la ONU, que es parte de las respuestas a una presentación hecha por el CELS, (Centro de Estudios Legales y Sociales), la Mesa Agroalimentaria Argentina y otras organizaciones, las relatorías plantean que les preocupa cómo el aumento en los precios de los alimentos y una reducción de “la capacidad del Estado” para monitorearlos pueden afectar la nutrición, “especialmente en los sectores de menores ingresos”.
El CELS y la Mesa Agroalimentaria habíamos informado los posibles efectos del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Las relatorías analizaron la Ley Bases, el RIGI y el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad de la Propiedad y a partir de eso, remarcaron que la “concentración de la tierra” y “la presión sobre los recursos naturales” pueden afectar la sostenibilidad de la vida y la seguridad alimentaria que brindan comunidades campesinas, indígenas y la agricultura familiar.
Sobre las modificaciones que el debate parlamentario provocó en el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aclararon que igualmente mantienen la preocupación sobre los “desalojos” y las “expropiaciones”, porque pueden afectar a personas que dependen del acceso a esas tierras para su alimentación.
Con la firma de Sofía Monsalve Suárez (Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación), Koldo Casla (Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado), Shalmali Guttal (Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales) y Elena Carolina Díaz Galán (Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos), la carta finalmente insta al Estado a:
– adoptar “todas las medidas necesarias para proteger el derecho a la alimentación de la población argentina especialmente de las niñas, los niños y las personas más vulnerables”
– prevenir la “falta de disponibilidad o accesibilidad de alimentos, medios de producción alimentaria, acceso a la tierra y productos de primera necesidad”.
La presentación CELS y la Mesa Agroalimentaria
Desde el CELS, la Mesa Agroalimentaria Argentina (conformada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Somos Tierra (MNCI-ST), la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), las Bases Federadas, y la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (Fonaf) enviaron en mayo de 2026, una carta a la relatoría de Naciones Unidas para informar los aspectos del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que afectan el derecho a la alimentación.
El Centro de Estudios Legales y Sociales es una organización de derechos humanos argentina creada en 1979, durante la última dictadura militar, que promueve la protección de los derechos y su ejercicio efectivo, la justicia y la inclusión social, a nivel nacional e internacional.(Noticias AgroPecuarias)
