Diputados aprobó el proyecto de vandalismo rural, con penas de hasta 10 años de prisión
Incorpora al Código Penal sanciones por ingresar sin autorización a establecimientos rurales y por dañar bienes que afecten directamente la producción agropecuaria.
(NAP) La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que incorpora la figura de vandalismo rural al Código Penal, con penas de hasta 8 años de prisión por daños a la producción agropecuaria, que pueden elevarse a diez años bajo determinadas circunstancias.
La iniciativa, impulsada por el diputado del PRO Martín Ardohain, fue aprobada el miércoles 21 de octubre por 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención. Durante el debate se incorporaron modificaciones acordadas entre Ardohain y el diputado Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria.
El proyecto contempla dos figuras principales. La primera establece penas para quienes ingresen a establecimientos rurales contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a impedirlo. La segunda apunta a los daños que afecten directamente el ciclo productivo, las materias primas o la infraestructura de las explotaciones agropecuarias.
El nuevo artículo 150 bis establece una pena de 1 a 12 meses de prisión para quien ingrese a un establecimiento rural sin autorización. La voluntad de excluir el ingreso se presume ante la existencia de cerramientos, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición.
La sanción podrá llegar a 2 años de prisión cuando el ingreso obstaculice la actividad productiva o genere peligro para la vida o la integridad de las personas, los animales o los cultivos.
Por su parte, el artículo 184 bis establece penas de 2 a 8 ocho años de prisión y multas de entre 3 y 12 veces el valor del daño causado para quienes destruyan, inutilicen o dañen bienes que afecten directamente la producción agropecuaria.
Entre los bienes contemplados figuran cereales y oleaginosas sin cosechar o almacenados en silobolsas, parvas y tolvas; ganado de cualquier especie; cultivos, plantaciones y forrajes; alambrados, tranqueras, silos y corrales. También incluye instalaciones destinadas a la provisión de energía o extracción de agua, sistemas de riego y reservas hídricas.
La pena máxima podrá elevarse a 10 años cuando el hecho sea cometido por tres o más personas de manera coordinada, provoque la pérdida total de la producción, interrumpa el ciclo productivo o incluya violencia. Además, la pena mínima se duplicará si el autor o instigador es funcionario público o trabaja en la producción agropecuaria.
Cambios durante el debate
El texto aprobado incorporó modificaciones propuestas por Gutiérrez, quien había advertido sobre posibles contradicciones entre las penas previstas en el proyecto original y las ya establecidas en el Código Penal. Los cambios fueron aceptados por Ardohain durante la sesión.
Otro de los puntos discutidos fue una modificación del artículo 209 del Código Penal que contemplaba agravar las penas por instigación cuando se realizara mediante medios de comunicación, redes sociales o plataformas digitales. Ese artículo fue retirado del dictamen luego de los cuestionamientos de la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda.
La votación también mostró diferencias dentro de Unión por la Patria: 16 integrantes del bloque acompañaron el proyecto en general, mientras que el resto votó en contra, de acuerdo con el detalle publicado por ese medio.
La iniciativa fue impulsada como respuesta a hechos que afectan la seguridad y los bienes de establecimientos rurales. Con la media sanción de Diputados, el proyecto deberá continuar su trámite legislativo en el Senado. (Noticias AgroPecuarias)
