El Gobierno eliminó trabas para la lechería
La cadena láctea quedó fuera del SiocalL y se actualizaron las normas sobre leche larga vida para alinearlas con el Mercosur.
(NAP) El Gobierno argentino puso en marcha una serie de cambios regulatorios para la cadena láctea con el objetivo de simplificar trámites, eliminar controles considerados redundantes y facilitar las exportaciones, en línea con la política de desregulación que impulsa la administración nacional.
Las medidas abarcan, por un lado, la adecuación de las normas técnicas que regulan la leche larga vida a los estándares vigentes en el Mercosur y, por otro, la exclusión de los operadores lácteos del Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (Siocal), un registro que durante años concentró las tareas de fiscalización comercial del sector.
A través de la Resolución Conjunta 7/2026, la Secretaría de Agricultura y la ANMAT actualizaron el Código Alimentario Argentino para armonizar la normativa sobre leche de larga duración con los criterios técnicos adoptados por los países del Mercosur.
La modificación no implica cambios en los procesos industriales ni en las exigencias sanitarias que ya cumplen las empresas argentinas, sino que unifica definiciones y terminología para evitar diferencias regulatorias entre los países del bloque y facilitar el comercio regional.
Desde la industria consideran que se trata de una adecuación administrativa que aporta mayor previsibilidad jurídica sin generar nuevos costos para las plantas elaboradoras.
Fin del Siocal
El otro cambio relevante es la salida definitiva de los operadores lácteos del Siocal, en cumplimiento de la Resolución 81/2026 de la Secretaría de Agricultura.
La decisión implica que industrias, usinas y depósitos dejarán de estar registrados bajo la órbita de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, organismo que heredó las funciones de la ex ONCCA.
El sistema había sido incorporado a la lechería hace dos décadas con el objetivo de controlar la actividad comercial, pero nunca logró consolidar un régimen sancionatorio efectivo. En la práctica, las únicas penalidades posibles consistían en excluir a las empresas del registro, una medida de alcance limitado que incluso podía impedir operaciones de exportación.
Con el paso de los años, el esquema terminó superponiéndose con controles de otros organismos, como ARCA, SENASA y las agencias tributarias provinciales, generando mayores cargas administrativas sin mejorar significativamente la fiscalización.
Controles digitales
En reemplazo del esquema tradicional, el Gobierno apunta ahora a un sistema de fiscalización basado en herramientas electrónicas, utilizando el remito digital entre tambo e industria para detectar inconsistencias de manera automática y emitir intimaciones sin necesidad de inspecciones presenciales.
La estrategia busca concentrar los controles sobre los incumplimientos mediante cruces de información digital, reduciendo la burocracia para los operadores que cumplen con la normativa y mejorando la eficiencia de las tareas de fiscalización.
Con estas medidas, la cadena láctea suma un nuevo capítulo en el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno, con el objetivo de agilizar el comercio, reducir costos administrativos y mejorar la competitividad de uno de los sectores exportadores de mayor potencial del agro argentino.
