Ingenieros agrónomos cuestionaron Upov 91 y pidieron limitar los derechos de obtentor
Desde el Cadia plantearon que la eventual adhesión al acta requiere una solución ‘equilibrada’, con reconocimiento del rol productivo y tecnológico del agricultor.
(NAP) El Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos fijó posición frente a un eventual avance de la Argentina hacia el convenio Upov 91 y sostuvo que cualquier modificación del marco legal de semillas debe preservar el uso propio y evitar desequilibrios entre empresas y productores.
En un documento técnico, la entidad remarcó que la discusión no se agota en la normativa, sino que involucra aspectos productivos, tecnológicos y comerciales que requieren una mirada integral.
Cadia sostuvo que el planteo es que la retribución a la innovación debe canalizarse exclusivamente a través de la compra de semilla fiscalizada, rechazando esquemas adicionales de regalías sobre el uso propio o la producción.
En esa línea, desde la entidad marcaron que el desarrollo tecnológico debe ser asumido por las empresas semilleras, que recuperan su inversión en el mercado a partir de la comercialización de semillas.
El documento también relativiza que la falta de adhesión a UPOV 91 haya generado atraso tecnológico. Como argumento, señala que países del Mercosur, como Brasil, Paraguay y Uruguay, que concentran junto con Argentina una porción significativa de la producción mundial de soja y de maíz, no están adheridos a esa normativa, lo que debilita la asociación directa entre ese marco regulatorio y el desempeño productivo.
Cadia apuntó que el esquema de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1991 (Upov 91) implica un avance en los derechos del obtentor sobre el uso propio del agricultor, al extender la protección incluso al producto de la cosecha, lo que podría modificar la lógica actual del negocio.
Frente a esto, la entidad insiste en la necesidad de establecer límites claros que eviten trasladar mayores costos al productor.
El documento pone el foco en los cambios tecnológicos recientes, como la edición génica, la epigenética y el uso de bioestimulantes, y señala que estos avances no están contemplados en Upov 91, lo que abre interrogantes sobre la adecuación de esa norma a los sistemas productivos actuales. En esa línea, se destaca que la mejora genética no depende exclusivamente de los semilleros, sino también de la adaptación que realizan los propios productores en condiciones de campo.
En relación con el uso propio, Cadia planteó que la semilla guardada puede incorporar adaptaciones específicas al ambiente productivo, mientras que la semilla comercial ofrece estándares de calidad y sanidad. En la práctica, señalaron, muchos productores combinan ambas estrategias, renovando parcialmente su genética cada campaña.
El documento también advierte sobre la asimetría de poder entre empresas semilleras y productores, en un contexto donde parte de la industria está integrada con compañías de insumos, y propone avanzar en esquemas contractuales que distribuyan riesgos y beneficios a lo largo de la cadena.
Finalmente, desde Cadia sostienen que el debate sobre una nueva ley de semillas lleva más de tres décadas sin resolución y que cualquier reforma debe contemplar no solo aspectos legales, sino también criterios productivos, sociales y económicos. “La ley puede orientar, pero la efectivización de una medida también pasa por el mercado y las decisiones de los propios actores”, concluyó el documento. (Noticias AgroPecuarias)
