Fitosanitarios: la BolsaCER defendió la ley provincial ante el Superior Tribunal de Justicia
La entidad se presentó para respaldar la constitucionalidad de la norma. Advirtió que restricciones mayores podrían afectar la producción agrícola y la seguridad alimentaria.
(NAP) La Bolsa de Cereales de Entre Ríos defendió ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos la constitucionalidad de la ley provincial que regula las aplicaciones de fitosanitarios, en el marco de amparos judiciales que cuestionan algunos artículos vinculados a las distancias de aplicación.
BolsaCER se presentó como amicus curiae con el objetivo de aportar fundamentos técnicos y productivos al debate judicial. Según explicó, la normativa vigente fue elaborada tras un proceso de trabajo institucional que involucró a actores del sector productivo, técnicos y académicos, y se sustenta en evidencia científica.
El eje de la controversia gira en torno a los criterios de distancia para la aplicación de fitosanitarios. En antecedentes judiciales se habían fijado restricciones de hasta 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para aplicaciones aéreas, especialmente en torno a escuelas rurales. Según la Bolsa, extender esos criterios a todo el territorio productivo tendría un fuerte impacto sobre la actividad agrícola.
En su presentación ante el máximo tribunal provincial, la entidad acompañó un análisis técnico que estima que una ampliación de las restricciones podría impedir la producción de unas 33.700 toneladas de trigo y maíz en Entre Ríos, volumen que equivale a más de 112 millones de platos de comida elaborados a partir de harinas de esos granos.
Para la BolsaCER, la discusión no se limita a los parámetros de aplicación, sino que involucra el equilibrio entre ordenamiento territorial, producción de alimentos y desarrollo económico de las zonas rurales. En ese sentido, la entidad sostuvo que la ley vigente ya establece resguardos ambientales y sanitarios y que modificarla por vía judicial podría generar incertidumbre normativa para el sector.
Ahora será el STJ entrerriano el que deberá resolver sobre la constitucionalidad de los artículos cuestionados, en un fallo que podría sentar precedente para la regulación de fitosanitarios en la provincia y en otros distritos donde el debate también permanece abierto. (Noticias AgroPecuarias)
