Pesca: Malestar en las provincias patagónicas por no convocar al CFP
El Consejo Federal Pesquero permanece sin ser convocado y se generan tensiones por la ausencia de las sesiones periódicas.
(NAP) El Consejo Federal Pesquero (CFP), organismo que reúne a las provincias con litoral marítimo, permanece sin ser convocado desde que asumió el nuevo gobierno.
Esta situación genero reclamos desde el sector público y el privado, que exigen el inicio de sus sesiones.
Además de la falta de convocatoria del CFP, la situación se agravo por el escándalo de la sanción al buque argentino Tai An en Ushuaia y los despidos anunciados en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep). Estos hechos han incrementado las tensiones entre el gobierno nacional y las provincias patagónicas.
Uno de los principales puntos de conflicto es la controversia sobre las competencias del CFP. La última propuesta de reforma de la actividad pesquera, incluida en la Ley Omnibus, planteaba cambios significativos que afectaban la autonomía del Consejo, lo que generó un fuerte rechazo por parte de las provincias. Si bien la reforma no avanzó, el CFP sigue sin reunirse.
Según la ley 24.922, que regula el régimen de pesca, el CFP, entre sus atribuciones tiene la responsabilidad de establecer la política pesquera nacional y también interviene en la Captura Máxima Permisible. El organismo esta formado por diez directores, de los cuales cuatro pertenecen a las provincias patagónicas.
El gobierno nacional aún no ha designado a sus representantes en el CFP, lo que impide la activación del organismo y la participación de las provincias en las decisiones del sector pesquero.
Pese a la falta de convocatoria del CFP, el Ministerio de Defensa ha desplegado operativos de vigilancia y control del espacio marítimo, lo que demuestra la importancia del sector para el actual gobierno. Estos operativos han permitido detectar la presencia de barcos extranjeros en aguas argentinas, como el caso del buque chino Tai An.
Sanción al Tai An
Cabe recordar que semanas atrás el buque Tai An, propiedad de la empresa argentina Prodesur, fue sancionado por pescar ilegalmente merluza negra en cercanías a Tierra del Fuego.
La sanción implicó una multa de $56 millones y la prohibición de pescar durante 45 días. La empresa niega las acusaciones de pesca ilegal y asegura que se trató de un exceso de captura.
Por otro lado el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) notificó la no renovación de los contratos de 35 trabajadores, lo que ha generado preocupación en la comunidad científica. La Asociación de Profesionales del Inidep denuncia que esta medida es solo el inicio de un desmantelamiento del instituto(Noticias AgroPecuarias).
