Diputados impulsan una ley nacional para regular el uso de fitosanitarios y garantizar buenas prácticas agrícolas
El proyecto busca establecer presupuestos mínimos ambientales para las aplicaciones en todo el país, con un marco normativo federal que compatibilice la producción con la salud y el cuidado ambiental.
(NAP) Un grupo de diputados nacionales de distintos bloques, encabezados por Atilio Benedetti (UCR) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca regular el uso de fitosanitarios a nivel nacional, apuntando a establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de estos productos, con el fin de armonizar las normas existentes y dar previsibilidad tanto a los productores como a las comunidades rurales.
El texto fue elaborado junto a la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), que agrupa a más de 80 instituciones públicas y privadas. Define las responsabilidades de los distintos actores de la cadena —aplicadores, asesores, comercializadores, fiscalizadores y empresas— y declara de interés nacional la adopción de buenas prácticas agrícolas, la investigación, el desarrollo y la incorporación de tecnologías más eficientes y seguras.
El proyecto también incorpora la definición de zonas sensibles, de exclusión y de amortiguamiento, para ordenar territorialmente el uso de los fitosanitarios en relación con poblaciones, cursos de agua, instituciones y áreas naturales protegidas.
Según Benedetti, la propuesta no solo responde a demandas sociales sino que representa “una apuesta estratégica para el futuro del sistema agroalimentario, que debe ser competitivo, tecnológicamente innovador y ambientalmente sostenible”.
Entre los objetivos centrales se destacan:
-Ordenar y armonizar las normas vigentes en todo el país.
-Garantizar condiciones seguras y controladas de aplicación, reduciendo riesgos para la salud y el ambiente.
-Profesionalizar y capacitar a todos los actores involucrados.
-Fortalecer la sostenibilidad y competitividad del sistema agroalimentario nacional.
El proyecto fija distancias mínimas de resguardo: 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para las aéreas. Además, exige que cada aplicación se realice con equipos registrados, bajo condiciones meteorológicas adecuadas y prescripción de un profesional matriculado, garantizando trazabilidad y responsabilidad técnica.
Por su parte, Ferraro señaló que la iniciativa “se alinea con el mandato constitucional de preservar el ambiente y con los compromisos internacionales del país en materia de desarrollo sostenible”, y destacó que ofrece “un marco transparente, federal y previsible para el uso responsable de los fitosanitarios”.
La normativa establece que solo podrán utilizarse productos autorizados por el Senasa, conforme a sus marbetes y hojas de seguridad, y que todas las aplicaciones deberán ajustarse a las Buenas Prácticas de Aplicación de Productos Fitosanitarios (BPAF).
En síntesis, el proyecto busca dotar al país de una ley nacional moderna, equilibrada y federal, que unifique criterios y promueva un uso responsable de los fitosanitarios, protegiendo tanto la producción como la salud y el ambiente. (Noticias AgroPecuarias)
