Biocombustibles: los aliados condicionan su apoyo a cambios en el proyecto
El PRO, la UCR y el MID proponen elevar de 10% a 11% el corte obligatorio de biodiésel y extender hasta 2038 la protección para las pymes del sector.
(NAP) La reforma de la Ley de Biocombustibles 27.640 enfrenta nuevas dificultades para avanzar en la Cámara de Diputados: esta vez, el obstáculo no es solamente la discusión entre las empresas del sector, sino las condiciones que los bloques aliados le plantean al Gobierno para acompañar la iniciativa.
El PRO, la UCR y el MID reclaman cambios en el capítulo referido al biodiésel. Su propuesta consiste en elevar del 10% al 11% el corte obligatorio de ese combustible en el gasoil y extender hasta 2038 -2 años más que lo previsto en el proyecto- el período de protección para las empresas no integradas, principalmente pequeñas y medianas plantas regionales.
Los legisladores consideran que esas modificaciones permitirían preservar la actividad de unas 25 pymes que podrían quedar en desventaja frente a las grandes compañías aceiteras si se abre el mercado del biodiésel en las condiciones previstas por la media sanción del Senado.
El diputado Eduardo Falcone, del MID, advirtió a Ámbito.com que no acompañarán una iniciativa que pueda comprometer la continuidad de esas empresas. También cuestionó la posibilidad de dividir el proyecto y sostuvo que resulta más conveniente modificar algunos artículos para alcanzar un acuerdo.
Desde el peronismo la propuesta es más amplia: plantean elevar el corte de biodiésel al 12,5% y garantizar de manera permanente la participación de las empresas no integradas. Los bloques dialoguistas consideran que esa alternativa tiene un costo mayor y que la negociación debería concentrarse en los cambios que proponen los aliados del oficialismo.
Las posturas del Gobierno y de las provincias
El Poder Ejecutivo mantiene una posición contraria a introducir nuevas modificaciones. Durante el debate en comisión, el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Veller, afirmó que no hay margen para nuevos cambios en el texto que obtuvo media sanción en el Senado.
El oficialismo sostiene que la reforma ya fue producto de una negociación y busca evitar que se reabra una discusión que obligaría a devolver el proyecto a la Cámara alta. Sin embargo, necesita el respaldo de los bloques dialoguistas para conseguir la mayoría en Diputados.
A la dificultad política se suma la preocupación del Gobierno por el impacto económico de la reforma dado que algunos estudios apuntan a que el aumento de los cortes puede trasladarse al precio que pagan los consumidores en las estaciones de servicio y generar presiones inflacionarias. La cuestión adquiere especial relevancia de cara al año electoral de 2027.
También está en discusión el efecto fiscal. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la reforma tendría un impacto negativo de $245.952 millones en la recaudación, debido a la exención de los biocombustibles del Impuesto a los Combustibles Líquidos.
Mientras tanto, las provincias productoras de maíz y caña de azúcar reclaman que la iniciativa avance, porque consideran que los mayores cortes permitirían ampliar la industrialización de materias primas y concretar inversiones.
El presidente de la comisión de Agricultura de Diputados, Martín Ardohain (PRO), señaló que existe voluntad de avanzar, pero consideró necesario acercar las posiciones de los distintos sectores del biodiésel.
La expectativa está puesta en las sesiones extraordinarias. Si Diputados aprueba el proyecto con modificaciones, deberá regresar al Senado. Si el Gobierno no acepta revisar el texto, la falta de votos podría postergar su tratamiento hasta 2027. (Noticias AgroPecuarias)







