Inundaciones en PBA: productores de Casares piden a la Justicia conocer el destino de $2.300 mill anunciados para obras
Dos productores agropecuarios presentaron un amparo contra el Ministerio de Infraestructura bonaerense.
(NAP) Dos productores agropecuarios de Carlos Casares recurrieron a la Justicia para exigir información sobre las obras hidráulicas previstas en la cuenca del río Salado y el destino de los $2,3 billones anunciados por el Gobierno bonaerense para prevenir los efectos de eventos climáticos extremos.
El amparo por acceso a la información pública fue presentado el 22 de octubre contra la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a cargo de Gabriel Katopodis. La medida se tomó luego de que un pedido formal de información, ingresado el 22 de julio, no obtuviera respuesta dentro del plazo legal.
Los productores buscan que la Justicia ordene a la cartera provincial entregar documentación sobre las obras proyectadas, contratadas, iniciadas, paralizadas o finalizadas, además de precisar cuánto dinero se asignó, cuánto se ejecutó y qué trabajos siguen pendientes.
Ante las consultas periodísticas, desde el Ministerio de Infraestructura señalaron que responderán el pedido de informes a la brevedad.
Uno de los ejes del reclamo es conocer cómo se instrumentará el Plan de Gestión del Riesgo Climático presentado en agosto por el gobernador Axel Kicillof, con una inversión anunciada superior a los 2.300.000 millones de pesos.
Los demandantes solicitan información sobre el respaldo administrativo y presupuestario de ese monto, las fuentes de financiamiento, los organismos responsables y los mecanismos de ejecución y control.
También requieren datos sobre licitaciones, empresas contratistas, contratos, certificados de obra, pagos e informes de inspección.
El pedido comprende distintas intervenciones en la cuenca del río Salado, especialmente en la subregión A3, donde se registran problemas recurrentes de acumulación de agua y anegamientos.
Entre los trabajos sobre los que solicitan precisiones figuran las obras en el arroyo Saladillo y el canal troncal Mones Cazón; los canales Vinculación y del Este; las intervenciones en la laguna Municipal de Bragado y el canal República de Italia-Mercante-Jauretche; y el sistema Belloq-Cadret-La Sofía.
También requieren información sobre el canal al sur de la ruta nacional 5, la estación de bombeo del complejo lagunar Hinojo-Las Tunas y los controles sobre canales construidos sin autorización.
El planteo incluye, además, las obras realizadas desde enero de 2024 en Carlos Casares, particularmente las relacionadas con caminos rurales, alcantarillas, canales, puentes y drenajes.
Caminos rurales
La presentación judicial se produce en una región que sufrió graves anegamientos durante 2025, con consecuencias para la producción agropecuaria y la circulación rural. El deterioro de los caminos dificultó el acceso a los establecimientos, el traslado de insumos y la salida de la producción.
Los productores también quieren conocer qué medidas adoptaron las autoridades durante 2025 y 2026 frente a las inundaciones y qué trabajos de mantenimiento se realizaron o están previstos para reducir el riesgo de nuevos anegamientos.
La preocupación se relaciona con la posibilidad de que nuevas lluvias encuentren los suelos saturados y una infraestructura insuficiente para facilitar el escurrimiento del agua.
En ese contexto, el reclamo apunta a establecer si los anuncios de inversión se tradujeron en partidas presupuestarias, contrataciones y avances concretos en las zonas afectadas.
Los productores aclararon que no solicitan a la Justicia que determine si las obras proyectadas son suficientes o si las decisiones oficiales fueron correctas. El objetivo del amparo es obtener información pública documentada para conocer el estado de las intervenciones y el uso de los recursos anunciados.
La presentación se suma a otros reclamos de productores de la región por el estado de los caminos rurales y la ejecución de obras de infraestructura. En este caso, la discusión se concentra en el acceso a la información sobre el plan provincial y en la necesidad de conocer qué trabajos se realizarán, con qué financiamiento y en qué plazos.
Por el momento, el amparo busca obtener una respuesta oficial: no implica que la Justicia haya determinado irregularidades en el manejo de los fondos ni que exista una resolución definitiva sobre las obras reclamadas.
