Un proyecto de ley propone penar con hasta 8 años de prisión los ataques a silo bolsas
(NAP) El presidente de la Comisión de Agricultura, Martín Ardohain presentó un proyecto de ley que propone penas de hasta 8 años de prisión para hechos de vandalismo rural, roturas de silo bolsas, daños sobre cultivos e intrusiones en establecimientos agropecuarios.
El proyecto apunta a modificar distintos artículos del Código Penal con el objetivo de endurecer sanciones sobre delitos vinculados a la producción agropecuaria y la infraestructura rural.
Además, incorpora agravantes para quienes promuevan ataques mediante redes sociales o plataformas digitales.
En los fundamentos de la iniciativa, Ardohain aseguró que “el campo argentino está siendo afectado por modalidades delictivas que la ley hoy ignora o minimiza”, dejando al productor “en un estado de absoluta indefensión”.
La propuesta incorpora el artículo 184 bis al Código Penal y establece penas de entre 2 y 8 años de prisión, además de multas económicas, para quienes dañen o destruyan silobolsas, cereales, oleaginosas, cultivos, ganado bovino, instalaciones rurales o productos durante el transporte.
El texto también incluye daños sobre infraestructura estratégica para el agro moderno, como sistemas de riego, paneles solares, bombas sumergibles y generadores eléctricos, elementos clave en los procesos de tecnificación y sustentabilidad productiva.
El texto presume la prohibición de ingreso cuando existan alambrados, tranqueras, muros o señalizaciones visibles. Sin embargo, también aclara que no habrá delito cuando el ingreso responda a situaciones de emergencia, auxilio o cuando no existan límites claramente identificables con la vía pública.
Ardohain advirtió que muchas intrusiones clandestinas funcionan como tareas previas de inteligencia delictiva para detectar vulnerabilidades en los establecimientos agropecuarios. Además, remarcó el problema creciente de la caza furtiva, una práctica que -según explicó- provoca daños sobre alambrados, altera al ganado y pone en riesgo la seguridad de las familias rurales.
La iniciativa también modifica el artículo 209 del Código Penal sobre instigación pública. El proyecto busca elevar las penas cuando la convocatoria a cometer delitos rurales se realice a través de redes sociales, plataformas digitales o medios masivos de comunicación.
Según los fundamentos, la difusión de coordenadas GPS, mapas satelitales y ubicaciones exactas podría facilitar ataques simultáneos contra distintos establecimientos agropecuarios, generando pérdidas económicas y afectando la logística de producción y comercialización.
El proyecto lleva las firmas de dirigentes del PRO como Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro y Fernando De Andreis, y ya comenzó a generar debate dentro del Congreso y en entidades vinculadas al agronegocio argentino.
“La destrucción de un silobolsa no es un simple acto vandálico; es un ataque directo al esfuerzo productivo y a la capacidad exportadora del país”, sostiene el proyecto. (Noticias AgroPecuarias)
