Rechazan la provincialización de rutas nacionales y acusan que el peaje ‘es inconstitucional’
La Conaduv cuestionó el decreto que habilita transferir rutas a las provincias y financiar su mantenimiento con peajes, y denunció que la medida carece de respaldo legal.
(NAP) El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial expresó su rechazo al decreto del Poder Ejecutivo que dispone la provincialización de rutas nacionales y habilita su financiamiento mediante peaje directo, al considerar que la medida es “ilegal, inconstitucional e inoportuna”.
Según planteó la entidad, el decreto carece de una ley formal que lo respalde, lo que -sostirne- vulnera lo establecido en el artículo 75 de la Constitución Nacional, que atribuye al Congreso la potestad exclusiva de establecer contribuciones. En ese sentido, advirtió que el esquema propuesto implica la imposición de una carga económica sin base legal.
Desde Conaduv también cuestionaron que no se haya previsto una transferencia presupuestaria para acompañar el traspaso de las rutas, lo que, a su entender, afecta el federalismo al trasladar responsabilidades a las provincias sin los recursos correspondientes.
Peajes
Uno de los principales ejes del rechazo es el uso del peaje como mecanismo de financiamiento. La entidad señaló que, en las condiciones planteadas, el cobro en ruta no cumple con los requisitos de una tasa, como la existencia de una contraprestación efectiva y, por lo tanto, funcionaría como “un impuesto encubierto”.
El comunicado advierte además sobre una posible “doble imposición”, al señalar que los usuarios ya contribuyen a través del impuesto a los combustibles, cuyos fondos no se destinan plenamente al mantenimiento de la red vial, acusaron.
En ese marco, la organización alertó sobre las consecuencias que podría tener la medida en la seguridad vial, la logística y las economías regionales, al considerar que el sistema de peajes directos no garantiza mejoras en la infraestructura ni una reducción en los costos de transporte.
También planteó que la iniciativa podría afectar derechos constitucionales, como el de libre circulación y el de propiedad, al establecer cobros sin una contraprestación adecuada ni respaldo legal suficiente.
Finalmente, desde Conaduv reclamaron la elaboración de un proyecto vial integral a nivel nacional, con financiamiento basado en los recursos ya existentes, y propusieron fortalecer el rol de la Dirección Nacional de Vialidad como organismo rector de la política de infraestructura. (Noticias AgroPecuarias)
