Cuestionan el nuevo régimen de concesiones viales: ‘Se repite un modelo fracasado y con doble imposición al usuario’
El Conaduv advirtió que el sistema de peajes vulnera el derecho al libre tránsito y se superpone con el impuesto a los combustibles, mientras repite el esquema privatizado de los ’90 sin inversión real.
(NAP) El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial cuestionó el nuevo régimen de concesiones anunciado por el Gobierno Nacional, luego del lanzamiento de las licitaciones para obras en las rutas nacionales 3 y 5.
Según el Conaduv, el sistema de peajes vigente y el que se plantea bajo la Red Federal de Concesiones (RFC) constituye una “doble imposición” y una carga injustificada sobre los usuarios de la red vial.
“El cobro del peaje actúa como un impuesto al tránsito, cuando los ciudadanos ya pagan el Impuesto a los Combustibles, que debería financiar la infraestructura vial”,
En un comunicado donde también advierte que el modelo repite los errores del sistema privatizado de los años noventa, el Conaduv sostuvo que la ausencia de caminos alternativos libres de pago vulnera el derecho constitucional al libre tránsito, y que el régimen actual carece de sustento técnico y económico, ya que los fondos recaudados apenas alcanzan para cubrir los costos operativos y las ganancias de las concesionarias, sin mejoras reales en las rutas.
El documento también denuncia que las nuevas concesiones se financiarán con recursos públicos -a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)- pese a haber sido anunciadas como inversiones privadas, y que el plan contempla más estaciones de peaje y un incremento de tarifas que podría triplicar los costos actuales.
Además, el Comité remarcó que los proyectos licitados solo incluyen tareas de mantenimiento y conservación, sin exigencias de inversión ni ampliación de la capacidad vial. “En la práctica, el plan del Gobierno debería llamarse Red Federal de Impuesto al Tránsito”, afirma el texto.
Finalmente, el Conaduv propuso que la Dirección Nacional de Vialidad retome la administración directa de las rutas y que los fondos del impuesto a los combustibles se destinen exclusivamente a obras de infraestructura, con control público y transparencia en su ejecución.
(Noticias AgroPecuarias)
