Tres empresas se presentaron en la licitación de la Hidrovía
Jan de Nul, Deme y DTA Engenharia se presentaron en la licitación para la gestión de la Vía Navegable Troncal.
(NAP) El Gobierno argentino dio a conocer las empresas interesadas en las obras de dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal, el canal fluvial más importante de la región. Los oferentes confirmados para la administración por 25 años son Jan de Nul, Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME) y DTA Engenharia, todas compañías de capital privado y origen internacional.
Finalmente, no se registró participación de empresas de Estados Unidos, a pesar de que se esperaba su interés en el proceso.
Según publicó en X el ministro de Economía, Luis Caputo, “hemos conformado una de las licitaciones más participativas y transparentes de la historia y esto ha sido posible gracias a un trabajo plural y compartido que contó con un respaldo amplísimo de, entre otros, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio de Rosario, Unión Industrial Argentina, Cámara de puertos privados, agroexportadores y gobiernos provinciales; además de haber obtenido una auditoria de Naciones Unidas que garantizó transparencia y estándares internacionales”, escribió en X el ministro.
El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, destacó la participación. “Dos era un gran número, tres es un lujo”, afirmó.
La Vía Navegable Troncal, una de las mayores rutas fluviales del mundo, constituye una infraestructura estratégica por la que circula el 80% del comercio exterior argentino, y de países de la región, y su modernización permitirá un importante salto de competitividad a la producción argentina.
Se trata de una licitación de tres sobres, donde la oferta económica tendrá el peso más relevante, garantizando la tarifa más baja posible. El Sobre 1 evaluará los antecedentes operativos y capacidad técnica y financiera de los oferentes. En tanto, el Sobre 2 analizará con un sistema de puntajes el Plan de Trabajo, donde se detalla la forma, equipos y profesionales que realizarán las obras establecidas. Mientras que el Sobre 3 evaluará las ofertas económicas de cada oferente.
Tras el análisis, se avanzará con la adjudicación y la firma del nuevo contrato de concesión a cargo del sector privado, a riesgo empresarial y sin aval del Estado, por un plazo de 25 años y una inversión estimada en más de 10 mil millones de dólares.
Cuestionamientos
El recorrido hacia la licitación dejó sumamente disconformes a muchos actores de la hidrovía, que se manifestaron en gran número durante la audiencia pública en la que se evidenció la falta de un estudio de impacto ambiental acorde a la magnitud de los trabajos a realizar. Los reclamos no fueron considerados por las autoridades y ello derivó en diversas acciones.
Una de las más notorios fue la denuncia penal presentada por el presidente del Consejo Portuario Argentino (CPA), José María Lojo, contra los funcionarios de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), el ministro de Economía, Luis Caputo y el Presidente de la Nación, Javier Milei.
Asimismo, el Capitán Mariano Moreno, Secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, advirtió que la licitación que busca profundizar el dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay a 40 pies “es una obra fuertemente cuestionada por su impacto perjudicial sobre el medio ambiente”.
Agregó que “la falta de un estudio de impacto ambiental serio demuestra que no hay visión de futuro ni planificación logística. Profundizar el canal no soluciona nada cuando no hay agua. Se está armando un negocio de miles de millones para que ganen unos pocos a costa de todos los argentinos”.
Por su parte, el diputado nacional Jorge Taiana y otros legisladores, presentó un pedido de informes en la cámara baja solicitando al Poder Ejecutivo aclaraciones sobre aspectos económicos, técnicos, ambientales, de competencia y transparencia vinculados a la licitación
En los fundamentos la iniciativa hace referencia a la desarticulación de los organismos de control federales y participativos “dejando la fiscalización de la vía en un vacío institucional que vulnera los derechos de las provincias ribereñas consagrados en nuestra Constitución Nacional”. (Noticias AgroPecuarias)
