Misiones da marcha atrás con el glifosato: eliminan la fecha límite para su uso

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El gobierno quitó la fecha de 2030 permitiendo que los productores de yerba mate, té y otros cultivos puedan seguir utilizando el herbicida de forma indefinida.

(NAP) El gobierno de Misiones dio un giro significativo a su política ambiental y agrícola y a través de un nuevo decreto, eliminó la fecha límite de 2030 para la prohibición del uso de glifosato, permitiendo a los productores continuar utilizando este popular herbicida de forma indefinida.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, lleva la firma del gobernador Hugo Passalacqua y sus ministros de Agro y Producción y de Ecología. Esta nueva normativa establece que la prohibición del glifosato solo se hará efectiva cuando los organismos nacionales e internacionales, así como los países importadores de los productos misioneros, autoricen fitosanitarios alternativos.

En sus fundamentos, el gobierno provincial argumenta que esta prórroga busca “otorgar al sector productivo de la Provincia de Misiones el tiempo necesario para alcanzar el cumplimiento de la adopción de métodos amigables con el ambiente”. Sin embargo, la decisión también responde a las presiones del mercado internacional.

En 2023, la decisión de Misiones de prohibir el glifosato generó una fuerte reacción. La Tea Association of the USA, por ejemplo, advirtió que dejaría de comprar té producido en la provincia si se utilizaban bioherbicidas no certificados internacionalmente. Con esta nueva medida, el gobierno busca llevar certidumbre a los mercados de yerba mate, té y otros productos agrícolas.

Esta es la segunda vez que Misiones modifica su postura sobre el glifosato. En 2023, la provincia había establecido un plazo de apenas dos años para que los productores reemplazaran el herbicida. Ante las críticas por el escaso tiempo, en 2024 se extendió la fecha límite hasta 2030, con la condición de que los productores se registraran. Ahora, el plazo queda abierto, supeditado a la aprobación de alternativas por parte de los organismos competentes.

El decreto establece que el Ministerio del Agro y la Producción será responsable de fijar un régimen de control. Además, cada productor deberá contar con un plan de transición hacia métodos alternativos. Sin embargo, la medida implica un freno a la política de transición hacia prácticas más sostenibles que la provincia había impulsado en los últimos años. (Noticias AgroPecuarias)

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