Reformas en el INV: el Gobierno flexibiliza controles en la industria del vino y genera divisiones en el sector

Aplican más desregulación al sector vitivinícola. La certificación se concentrará en el momento de la comercialización y no en cada etapa del proceso productivo.
(NAP) A través del decreto 426/2025, el Instituto Nacional de Vitivinicultura fue degradado administrativamente y reorientado hacia tareas de control exclusivamente en la etapa final del proceso productivo, es decir, en la comercialización.
Con esta reforma, el INV dejará de ejercer controles obligatorios en cada fase de la cadena —como la cosecha, la elaboración, el fraccionamiento o el transporte— y pasará a enfocarse en la calidad del vino que llega al consumidor.
Además, la certificación de origen, añada y varietal ya no será obligatoria, salvo en los casos de exportación, donde seguirán vigentes todos los requisitos exigidos por los países de destino.
El nuevo esquema contempla que las bodegas podrán optar por esas certificaciones bajo un sistema de declaraciones juradas, y podrán ser emitidas tanto por el INV como por entidades privadas.
La medida fue defendida públicamente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien explicó en su cuenta de X: “Consultamos a muchos bodegueros y todos coincidieron en que el exceso de trámites del INV generaba altos costos, trabas a la innovación y exigía personal exclusivo para cumplir con las formalidades del organismo”.
El funcionario remarcó que el foco ahora estará puesto en garantizar la aptitud del producto final para el consumo humano: “Queremos que el INV controle lo que realmente importa, que es la góndola”.
Reacciones
La reforma generó opiniones encontradas entre los principales actores de la industria. Desde Bodegas de Argentina, entidad que representa a unas 250 empresas de todo el país, expresaron su respaldo a los cambios: “Apoyamos toda iniciativa que simplifique procesos, reduzca burocracia y mejore la competitividad del vino argentino. Es clave preservar las capacidades técnicas del INV, pero sin perder de vista el objetivo de exportar más y mejor”.
En cambio, desde la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) —que reúne a bodegas, cooperativas y gobiernos provinciales y es la encargada de aplicar el Plan Estratégico Vitivinícola— adoptaron una postura más cauta: “Se están analizando las implicancias de los anuncios y el alcance de las normas. Es posible que se requieran nuevas reglamentaciones complementarias”.
Riesgos y antecedentes
Entre quienes cuestionan la flexibilización de los controles recuerdan el trágico episodio de 1993, cuando una bodega sanjuanina adulteró vinos con alcohol metílico, provocando 29 muertes. Sobre ese punto, Sturzenegger respondió: “Ese episodio se produjo antes de que el INV tuviera las funciones que hoy estamos reorientando. Con esta reforma, el organismo sigue garantizando la seguridad del producto, pero deja de interferir en la producción”.
Más cambios
La reestructuración del INV se da en un contexto de reformas más amplias. El Gobierno también impulsa la eliminación del aporte obligatorio que financia a la Coviar, al considerar que representa un costo injustificado para muchas bodegas que no ven beneficios concretos del Plan Estratégico.
Además, en junio se simplificaron los requisitos para importar vinos, con el argumento de agilizar los trámites para importadores. No obstante, se mantienen los controles establecidos por la ley General de Vinos (14.878), que sigue vigente. (Noticias AgroPecuarias)