(NAP) La pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina es una problemática que combina un impacto ambiental negativo, competencia desleal y pérdidas económicas para el país.

Estas acciones no están tipificada como delito penal, constituye una infracción a la Ley Federal de Pesca y puede derivar en sanciones millonarias para las empresas involucradas.

En los últimos años, el refuerzo de los controles y la incorporación de tecnología de monitoreo en tiempo real modificaron el escenario y elevaron el costo de operar al margen de la normativa, consignó erl portal IProfesional.

El esquema actual apunta a desalentar este tipo de prácticas a través de multas económicas que pueden alcanzar cifras muy elevadas, dependiendo de la gravedad del caso. Un ejemplo reciente fue el detectado el 10 de enero, cuando autoridades argentinas identificaron el ingreso irregular de un buque extranjero a las 200 millas náuticas. Ese episodio sirve como referencia para entender cómo funciona el sistema de control y sanción vigente.

El control de la actividad pesquera en el límite marítimo argentino está a cargo de la Prefectura Naval Argentina, que constantemente chequea el movimiento de embarcaciones en las zonas cercanas a la ZEE.

Lo hace mediante una plataforma electrónica de última generación provista por el Ministerio de Seguridad, la cual es operada por personal especializado. El sistema integra información satelital y datos de posicionamiento automático, lo que permite seguir en tiempo real tanto a los buques “colaborativos” —que mantienen encendidos sus equipos— como a los denominados no colaborativos, que suelen apagar sus sistemas para evitar ser detectados.

Actualmente, según datos oficiales, alrededor de 370 buques colaborativos operan legalmente en la zona adyacente, mientras que los no colaborativos forman parte de lo que se conoce como pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

Cuando se detecta una maniobra sospechosa dentro de las 200 millas, se inicia una investigación administrativa. La autoridad analiza velocidad, trayectoria y comportamiento del buque para determinar si realizó tareas extractivas.

En el caso ocurrido el 10 de enero, un pesquero extranjero fue detectado realizando maniobras compatibles con pesca de arrastre durante aproximadamente una hora y 29 minutos dentro de la ZEE.

Según explicó el director de Policía de Seguridad de la Navegación y de Protección Ambiental de la Prefectura, Fernando Dos Santos, la velocidad es un indicador clave: durante tareas de pesca suele ser inferior a los cuatro nudos. Ese patrón permitió concluir que se trataba de actividad extractiva y no de simple tránsito.

Una vez confirmada la infracción, el expediente es remitido a la Subsecretaría de Pesca y Recursos Acuáticos de la Nación, que inicia el trámite para la aplicación de la sanción. Dado que la pesca ilegal no constituye un delito penal sino una infracción administrativa, la consecuencia principal es económica: se impone una multa y se notifica al Estado de bandera del buque involucrado.

Las sanciones por pesca ilegal pueden alcanzar montos muy significativos. Como antecedente, en 2025 se registró un caso testigo de características similares que derivó en una multa cercana a los 708 millones de pesos. Al tipo de cambio actual, esa cifra equivale a unos 480 mil dólares, aunque el monto final puede variar según el tipo de infracción, el tiempo de pesca ilegal y los antecedentes de la empresa.

El esquema contempla además un incentivo para el pago voluntario: si la empresa infractora se allana y abona la multa sin agotar instancias administrativas, puede acceder a una reducción del 50% del monto. Esta herramienta busca agilizar los procesos y asegurar el cobro efectivo de las sanciones.

Un aspecto central en la estrategia de control es el uso de tecnología avanzada. Desde imágenes satelitales hasta sistemas de seguimiento automatizado, el monitoreo se apoya en información provista, entre otros organismos, por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y en convenios internacionales que permiten acceder a registros incluso cuando los buques intentan operar sin emitir señales.(Noticias AgroPecuarias)

(NAP) Unos 259 buques chinos que operan en la llamada “milla 201” fueron autorizados para ingresar a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) como consecuencia del temporal que se espera para las próximas horas.

La Prefectura, como Autoridad Marítima Nacional, asume la operación de salvaguarda de la vida humana en el mar y es el organismo responsable de hacer cumplir la ley en el mar.

En ese sentido, la Autoridad Marítima informó que, en base al Régimen Federal de Pesca argentino y ejerciendo la jurisdicción de Estado Ribereño, teniendo en cuenta en marco legal de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), los buques pueden ingresar debiendo adoptar las siguientes medidas:

1) No realizar tareas de pesca

2) Tener apagadas todas aquellas luces propias para la pesca.

3) Mantener las artes de pesca abordo, sobre cubierta y debidamente trincadas.

4) Tener encendidos continuamente sus equipos de posicionamiento y comunicaciones AIS (Sistema de Identificación Automática) con el objeto de que Prefectura pueda supervisar que ninguno de los buques tenga inconvenientes debido a los temporales y se asegure su integridad.

5) Mantenerse en escucha en la frecuencia 4134 Khz en contacto con la estación costera L3A (inglés) e informar su posición a las 02.00, 10.00 y 18.00 horas.

De esta manera, los pesqueros que se encuentran operando en aguas internacionales podrán ingresar a la zona de refugio, cumpliendo las condiciones de prohibición de pesca, investigación o exploración sin autorización.

Cabe destacar que se encuentra vigente un “Preaviso de Temporal” para la zona, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, del cual se está dando difusión a los navegantes desde las estaciones costeras marítimas de la institución.

En principio la medida estará vigente desde el sábado 2 de marzo debido a la alerta por olas de seis a siete metros de alto en la zona de pesca de los buques poteros en alta mar, en el océano Atlántico sudoccidental, condiciones afectan la seguridad, y que se espera disminuirán a partir del 5 de marzo.

En cuanto a la flota pesquera argentina que se encuentra realizando tareas en el área de incumbencia, la misma ya ha tomado conocimiento e inició navegación para buscar resguardo.

El guardacostas GC- 25 “Azopardo” se encuentra navegando hacia la zona para efectuar controles en el lugar y además, se efectúa el control y seguimiento permanente, a través del Sistema Guardacostas de la Prefectura y de las Estaciones Costeras, dándose intervención a las autoridades nacionales de incumbencia, indicó la Prefectura Naval (Noticias AgroPecuarias)

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El CFP, actualizó las normas vigentes para la captura realizadas por los buques poteros (Foto:Revista puertos)

MAR DEL PLATA (NAP) El Consejo Federal Pesquero (CFP) realizó una revisión de las normas vigentes que rigen la materia formal y jurídica de los proyectos de explotación de la especie calamar.

El CFP consideró oportuno “introducir algunas modificaciones que profundicen los objetivos relacionados a la política de calamar”, consignó la revista Puertos.

En ese sentido, se aprobó la Resolución 7 que establece un ordenamiento de la normativa vigente, unifica el porcentaje de procesamiento obligatorio en tierra de no menos del 20 por ciento de la captura y otorga beneficios en la extensión del permiso para quienes tengan presencia en aguas internacionales.

La Resolución establece además, que los buques poteros que han operado fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), “han sido muy minoritarios e inclusive, en muchas, pese a que gran parte de la flota potera, posee permisos de gran altura,  ninguno lo hizo”

El procesamiento en tierra no podrá ser inferior al 20 por ciento y su incumplimiento será considerado falta grave.

En ese sentido, el Consejo consideró “conveniente promover la actividad”, generando incentivos para aumentar la presencia de buques de bandera argentina fuera de la ZEE.

El beneficio que se decidió otorgar es un incremento del plazo de vigencia de los permisos de pesca.

En el artículo 19 de la citada resolución se establece que podrán solicitar la extensión de un año, cuando acredite haber realizado operaciones de pesca en el Área Adyacente a la ZEE argentina, durante 30 días, con visitas no inferiores a 5 días corridos, desde el inicio hasta la finalización de la temporada de pesca.

Se aclaró, asimismo,  que esa operatoria para los buques de bandera nacional, está sujeta a las normas internacionales y las nacionales dictadas en consecuencia.

Entre ellas se destacó el Reglamento de Permisos de Pesca de Gran Altura y las medidas de administración de la especie, que incluyen a la operatoria fuera de la milla 200.

Respecto de la política de explotación de calamar, sostuvieron que el objetivo es lograr un mayor porcentaje de procesamiento en tierra de las capturas, con un mínimo –para las renovaciones– del 20%, y que se otorgará un puntaje mayor a los compromisos más elevados.

En el artículo 8 de la Resolución 7 del CFP se estableció que todo aquel que pretenda renovar el permiso deberá ser propietario o suscribir un convenio con una planta de procesamiento habilitada.

Para quienes pesquen fuera de la ZEE habrá beneficios de extensión del permiso por un año.

Las plantas deberán estar registradas en el SENASA y se debe presentar la documentación que acredite el registro del personal afectado al proyecto y el cumplimiento de los aportes previsionales y de la seguridad social correspondientes.

El cumplimiento de los compromisos de procesamiento en planta, en tierra se computará sobre la totalidad de la captura de la temporada de cada buque, durante la vigencia del proyecto de pesca del buque o, durante toda la vigencia de su renovación, con independencia de los cambios de titularidad.

El incumplimiento de los compromisos de los proyectos será sancionado como falta grave, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Pesca.

En la reglamentación se prevé para quienes renueven o los nuevos proyectos aprobados, la posibilidad de cambiar de titularidad de forma permanente o transitoria.

En ese sentido deberán presentar copia certificada del contrato y el certificado de matrícula con el cambio de titularidad o del contrato de locación o leasing.

Para el propietario original quedarán suspendidos los derechos de explotación, pero mantendrá la responsabilidad solidaria con el cedente del cumplimiento del proyecto.

Para la presentación de la solicitud de renovación del permiso de pesca se fijó el previo pago de un arancel de 62.000 Unidades de Pesca, según la última modificación del artículo 51 de la Ley Federal de Pesca.

Cada unidad equivale al valor de un litro de gasoil, sobre la base del precio de venta final al público del gasoil grado dos.

Por último, se estableció que a los titulares de permisos de un buque potero que, durante su vigencia, decidan incorporar en su reemplazo un buque nuevo construido en astilleros nacionales, se les otorgará el derecho a incorporarlo y obtendrán un permiso de pesca de la máxima duración contemplada en la presente resolución(Noticias AgroPecaurias).

COMODORO RIVADAVIA, Chubut (NAP) Legisladores patagónicos presentaron un proyecto de Resolución en la Cámara de Diputados de la Nación en la que piden al Ejecutivo nacional endurecer las sanciones contra los buques pesqueros extranjeros que operan sin permiso en la Zona Económica Exclusiva (ZEE)

A la iniciativa, presentada por el diputado nacional Gustavo Menna (Chubut),  se sumaron las legisladoras patagónicas Roxana Reyes (Santa Cruz) y Lorena Matzen (Río Negro).

La preocupación se acrecentó ante la presencia de casi 400 buques extranjeros sin permisos de pesca a la altura del Golfo San Jorge. Insisten además con endurecer las multas y disponerlas en Pesos Argentinos Oro.

Los legisladores pidieron al Poder Ejecutivo Nacional que se tomen medidas urgentes e intensifique los patrullajes con todos los medios a su disposición para desalentar la presencia en la ZEE de buques extranjeros sin permisos de pesca, de manera de proteger los recursos y garantizar la soberanía en el mar.

El pedido, a través de un proyecto de Resolución, tuvo como disparador la reciente difusión de imágenes, a través de redes sociales y medios de comunicación de alcance local y nacional.

Las imágenes, fueron tomadas a partir de sobrevuelos realizados por particulares, en los que se comprobó la proliferación de embarcaciones de distintas banderas extranjeras sin autorización en la ZEE.

“Una flota de casi 400 buques pesqueros de matrícula extranjera que carecen de permisos de pesca otorgados por la República Argentina se encuentra operando en el Mar Argentino a la altura del Golfo San Jorge”, observaron.

Indicaron los legisladores que aunque la flota opera más allá de la milla 200, “ha sido detectada incursionando en la Zona Económica Exclusiva de nuestro país, con lo que dicha actividad es ilegal”.

Se estima que cada año se acercan al limite de las 200 millas unos 400 busques que ingresar a la ZEE sin permiso y depredan la población de langostinos y camarones.

“Esta modalidad de situarse en el límite externo de la Zona Económica Exclusiva y efectuar incursiones furtivas y sin permiso en el caladero argentino demanda el mayor esfuerzo de vigilancia y defensa de esos recursos. No solo está en juego una cuestión de preservación del recurso y de lo que ello implica en términos económicos, sino también de soberanía nacional”, manifestaron.

Al respecto, mencionaron, entre otros antecedentes, que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) aprobó el 22 de noviembre de 2009, el “Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” (Pesca INDNR).

Este acuerdo “desalienta toda apoyatura a flotas que, como la que opera en la milla 201, no respetan fechas de apertura y cierre de temporadas ni juveniles.

En este contexto recordaron además que el 19 de agosto del año pasado 2020 presentaron, con acompañamiento de varios legisladores de otras provincias, un proyecto de ley, bajo el expediente 4276-D-2020, “en el que propiciábamos incorporar multas específicas y más agravadas para la pesca efectuada por buques extranjeros sin permiso fijadas en Pesos Argentino Oro”.

Se trata, explicaron, de “una unidad de valor que también utiliza la Ley de Navegación y que impide que los montos pierdan se desactualicen por la inflación”.

“Sostenemos -agregaron- la necesidad de que el Régimen Federal de Pesca establezca una multa agravada a los barcos extranjeros que pescan ilegalmente en el Mar Argentino”, ya que, dijeron, “los valores que estableció la reforma efectuada por la ley 27.564 siguen siendo ineficaces para desalentar estas prácticas, además de resultar injusto que se aplique la misma escala sancionatoria que se emplea para los buques de bandera nacional”.

ANTECEDENTES

Los diputados radicales Lidia Ascárate y José Cano presentaron, en febrero último,  un proyecto por el que solicitaron citar a la Cámara de Diputados al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y al canciller, Felipe Solá para que

Los legisladores tucumanos manifestaron su “preocupación” ante la noticia de que “un grupo de más de 500 embarcaciones abandonaron Chile y ya se encuentran en aguas argentinas de manera ilegal para la extracción y depredación de calamares y otras especies marinas”

A comienzos de este año, el gobierno de los Estados Unidos puso a disposición de las autoridades argentinas un guardacostas de ese país para vigilar a los buques pesqueros clandestinos. Argentina rechazó ese apoyo.  (Noticias AgroPecuarias)

BUENOS AIRES (NAP) Más de 300 buques extranjeros llegan a capturar unas 800 mil toneladas de recursos pesqueros.

Las capturas se realizan fuera de la plataforma argentina y libres de control.

Ese estado de cosas provoca pérdidas millonarias y la depredación de recursos.

Con ese diagnóstico, un grupo de diputados nacionales presentó dos proyectos de ley para tipificar como delito la pesca ilegal y para establecer un plan de radarización y control.

La tipificación de la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) como un delito, implica establecer la reclusión o prisión de tres a quince años a quien afectara el ecosistema pesquero y marítimo y la sostenibilidad de las especies en esta área, o sus recursos pesqueros migratorios originarios de la ZEE argentina que se encuentren más allá de las 200 millas marinas, según la iniciativa.

Para ello, se modifica el artículo 186 del Código Penal para incluir las penas por el delito de la pesca ilegal.

Entre los delitos, se contempla la pesca ilegal no declarada y no registrada
el transporte de explosivos o sustancias tóxicas como método de extracción o pesca.

También se sancionará, según el proyecto de Ley a quienes utilicen artes de pesca no autorizadas por la Autoridad de Aplicación.

Con alance a quienes impidan el desplazamiento de los peces en sus migraciones naturales y
capturar o extraer recursos pesqueros en áreas o épocas de veda.

De este modo, se busca evitar la pesca ilegal que se realiza en Malvinas, donde se otorgan licencias infringiendo todas las leyes nacionales e internacionales.

También, impedir que cientos de buques extranjeros depreden los recursos migratorios argentinos en el Atlántico Sudoccidental.

Cuáles son países que realizan pesca ilegal en el Mar Argentino

China, España y Corea del sur son los principales países de donde provienen los barcos, según el proyecto de los legisladores del Frente de Todos, que motorizó la diputada y economista Fernanda Vallejos.

Cada año, más de 300 buques extranjeros llegan a pescar hasta 800 mil toneladas de recursos pesqueros (calamar, merluzas, entre otros) fuera de la plataforma argentina, libres de todo control, regulación ni ordenamiento, según un informe de la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros (Opras) (Noticias AgroPecuarias)

BUENOS AIRES (NAP) Los diputados radicales Lidia Ascárate y José Cano presentaron un proyecto por el que solicitan citar a la Cámara de Diputados al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y al canciller, Felipe Solá.

Requieren “información precisa de los hechos conocidos en los últimos días sobre pesca ilegal de buques extranjeros en el Mar Argentino”.

Los legisladores tucumanos manifestaron su “preocupación” ante la noticia de que “un grupo de más de 500 embarcaciones abandonaron Chile y ya se encuentran en aguas argentinas de manera ilegal para la extracción y depredación de calamares y otras especies marinas”.

Ascárate fustigó que desde el Gobierno “lo único que hicieron fue modificar los regímenes de infracciones y sanciones contemplados en la Ley Federal de Pesca N°24.922.

El tope de multa alcanzado, en el caso de que las agencias abocadas al control del espacio marítimo intercepten un buque extranjero ilegal, hace que el valor a pagar por cada buque capturado sea ínfimo e irrisorio, teniendo en cuenta que la pesca ilegal es una actividad que genera unos 15.000 millones de dólares por año”.

Por su parte, Cano explicó los hechos que suceden actualmente en aguas soberanas argentinas.

Los buques extranjeros operan en el límite de la ZEE y cuando no hay vigilancia se meten en el mar argentino para operar sus pesqueros. 

“El modus operandi de estas embarcaciones es lo que se denomina ‘alambrar’, que consiste en que los barcos pesqueros navegan al borde del límite y aprovechan cuando no hay vigilancia, para ingresar a pescar ilegalmente dentro del Mar Argentino que es donde se producen las mayores capturas de calamar”, señaló.

El diputado aseguró que “es de extrema necesidad que el Gobierno nacional adopte medidas de prevención para evitar la pesca ilegal en nuestro Mar Argentino y, de ser necesario, proteste ante los países que subsidian la pesca ilegal, y recurra a organismos internacionales para buscar una solución definitiva.

La defensa de nuestra soberanía nacional es un derecho y obligación irrenunciable del Estado Nacional”.

La iniciativa fue acompañada por los radicales Estela Regidor, Gabriela Lena, Claudia Najul, Lorena Matzen, Gustavo Menna, Gerardo Cipolini, Álvaro de Lamadrid, Luis Pastori, Roxana Reyes, Carla Carrizo, Sebastián Salvador, Gonzalo del Cerro y Karina Banfi.(Noticias AgroPecuarias)

BUENOS AIRES (NAP) Las autoridades nacionales crearon una unidad especial para fortalecer la vigilancia de los barcos y las ventas al exterior, de merluza negra.

Con la publicación de la Resolución 11/2021, este viernes en el Boletín Oficial, quedó conformado el nuevo organismo que deberá fortalecer los controles sobre la pesca masiva en el Mar Argentino y su posterior venta al exterior, principalmente de merluza negra.

Se trata de la “Unidad de Coordinación de Certificación de Capturas y Exportaciones”, que funcionará en el ámbito de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera.

EL ORGANISMO

Este nuevo ente deberá participar en la elaboración y ejecución de los instrumentos para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, además de preparar toda la información sobre la actividad legal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

También tendrá a su cargo la verificación de todas las capturas, manteniendo los plazos de la operatoria comercial y también sus certificaciones, correspondiente a las jurisdicciones  nacional y provincial.

Asimismo, entre sus tareas estará la de avalar los documentos, garantizar su validez y verificar la información presentada por los operadores.

Además, deberá mantener durante un mínimo de tres años el registro de las documentaciones emitidas, y enviar por vía informática resúmenes trimestrales a requerimiento de las autoridades nacionales e internacionales que lo soliciten.

CERTIFICACION DE CAPTURAS

Será también el organismo competente para certificar las capturas y exportaciones de merluza negra capturada dentro de la Zona Económica Exclusiva (Z.E.E.) y dentro del área de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos.

Por último, también se ocupará de generar prácticas de comunicación para articular las distintas implementaciones de certificaciones de captura de la pesca legal, declarada y reglamentada.

La PNA y la Marina ya coordinan y trabajan en forma conjunta en los controles de las aguas del Atlántico.

En realidad, esta Unidad tiene como objetivo principal fortalecer y hacer cumplir las normas que ya están establecidas en dos sistemas de registro implementados por la mencionada Dirección Nacional: el primero de ellos es el de “Certificación de Captura Legal”.

Esta herramienta fue creada en 2009 y tiene como propósito verificar los productos pesqueros que se obtengan en aguas jurisdiccionales de la República Argentina y que tengan como destino el comercio nacional e internacional.

El segundo de ellos es el “Sistema de Control de Carga”, que se comenzó a implementar el 14 de octubre de 2015 y que básicamente se encarga de corroborar la legalidad de las capturas en aguas jurisdiccionales nacionales.

Estos dos mecanismos se encontraban funcionando en el ámbito de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, pero el Gobierno consideró oportuno armar un organismo “que entienda exclusivamente en el impulso de las acciones necesarias para el fortalecimiento y cumplimiento de los objetivos” de ambos.

Fue por esta razón que ordenó la creación de esta Unidad de Coordinación de Certificación de Capturas y Exportaciones, “a fin de articular la información producida en el área, optimizando y viabilizando la gestión de los tramites documentales con el propósito de facilitar la interacción entre el ciudadano y la administración pesquera en búsqueda de avanzar hacia una administración más simplificada y desburocratizada”.

Recientemente, la Argentina dio un nuevo paso contra la pesca ilegal al anunciar que los buques guardacostas de la Prefectura Naval (PNA) y las unidades navales de la Armada comenzaron a trabajar en forma coordinada.

Los dos organismos se alternan las tareas de patrullado marítimo y las labores que realizan las unidades aéreas de ambas fuerzas durante los sobrevuelos, fundamentales a la hora de determinar la presencia de pesqueros extranjeros en la ZEE.

“Desde el año pasado, se viene trabajando de manera coordinada a fin de garantizar la preservación de los recursos naturales de todos los ciudadanos”, destacó durante una entrevista con Infobae uno de los integrantes del plantel de efectivos de la Estación Aérea Comodoro Rivadavia, dependiente del Servicio de Aviación de la PNA (Noticias AgroPecuarias).

El mapa muestra las zonas de pesca de jurisdicción nacional (Imagen: Prensa Prefectura y MAGyP)

BUENOS AIRES (NAP) Un total de 314 embarcaciones pesqueras fueron identificadas, desde fines de 2020,  por Prefectura Naval Argentina (PNA) y son vigiladas para evitar que incursionen en la Zona Económica Exclusiva (ZEE)

De ese total 240 embarcaciones provienen del Pacífico, 65 del Atlántico y 9 del Atlántico Norte.

Al iniciarse la temporada de pesca del calamar Illex argentinus, se registra la presencia de una importante cantidad de buques pesqueros que se acercan a los límites nacionales en busca de los recursos ictícolas y marítimos del país.

Según los informes de la PNA, los buques de bandera extranjera que se acercan a la zona adyacente a la ZEEA provienen, centralmente, de tres rutas de navegación: desde el Océano Pacífico (ingresando por el Estrecho de Magallanes), desde los Océanos Indico, y por el  Atlántico Norte.

Sin embargo, muchos de esos buques carecen de las autorizaciones requeridas, por lo que incurren en actos ilegales que impactan sobre la fauna, el ambiente y la soberanía.

La nueva ley permitió la captura de tres buques y el cobro de multas por 250 millones de pesos que ya se hicieron efectivos el año pasado.

Los trabajos de vigilancia se llevan adelante en un esfuerzo conjunto de los ministerios de Seguridad, de Defensa, de Relaciones Exteriores y Culto, y de Agricultura, Ganadería y Pesca para  afirmar la soberanía argentina en las aguas del Atlántico.

Con estas tareas las autoridades buscan  evitar la depredación de los recursos naturales en el mar argentino.

En ese sentido  la PNA realiza, a diario, exhaustivas tareas para prevenir, desalentar y evitar  la pesca ilegal que podría  ocurrir en ZEE.

Para los trabajos de control y vigilancia en la ZEE se utiliza un sistema innovador integral de vigilancia electrónica que posee la fuerza bajo el nombre “Sistema Guardacostas”.

Se trata de  un sistema de información geográfica (GIS, por su sigla en inglés), que permite obtener toda la información disponible sobre los movimientos, datos técnicos y administrativos de los buques que se encuentren navegando por todo el mundo.

Además, el GIS permite almacenar la información de otros sistemas activos o pasivos utilizados para localizar buques.

El personal de la Prefectura Naval complementa las tareas de control con constantes patrullajes en el límite de la ZEE argentina (milla 200) con los Guardacostas tipo 24. Estas unidades  son asistidas por patrullajes aéreos y por el Servicio de Tráfico Marítimo.

El gobierno argentino, creó el año pasado un  nuevo régimen de multas, que es variable en base a unidades de valor relacionadas al costo del combustible, con montos equivalentes que van de los 500 mil litros a los 3 millones de litros de gasoil, de acuerdo a la gravedad del delito, con un piso de 25 millones de pesos y un techo de 150 millones de pesos, considerando los valores de mercado actuales.

En el caso de embarcaciones extranjeras, la penalidad aplicable es la más alta ya que se trata de buques que pescan sin permiso de la Argentina.

Adicionalmente, la autoridad de aplicación puede disponer la captura y retención del buque de bandera extranjera en puerto hasta que, previa sustanciación del respectivo sumario, se haga efectivo el pago de la multa (Noticias AgroPecuarias).

BUENOS AIRES (NAP) Desde los últimos días de 2020 se inició una larga patrulla en el Atlántico Sur para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Los patrullajes son encabezados por un nuevo buque guardacostas de los Estados Unidos en colaboración con algunos países de la región, entre los que se encuentran Guyana, Brasil, Uruguay y Argentina.

La operación “Southern Cross” se lleva adelante en forma conjunta con el Comando Sur y responde a la visión estratégica promulgada hace tres meses por la Guardia Costera, que alerta sobre el impacto para la seguridad internacional y nacional de estas actividades ilegales.

La Estrategia de Seguridad Nacional norteamericana, supone el compromiso de encabezar un esfuerzo mundial para combatir la explotación ilegal de las poblaciones de peces y proteger sus intereses nacionales a través de la cooperación multilateral.

Esto permitió, por ejemplo, materializar la presencia de los guardacostas americanos en el Indo Pacífico, así como también apoyar a países africanos en la lucha contra este flagelo, consignó un informe publicado por InfoBae.

En un trabajo producido por la Fundación Argentina Global, se establecieron prioridades que apuntan a la seguridad marítima, en un sentido moderno e integral, que ocupa un lugar cada vez más importante en la agenda de seguridad internacional.

La iniciativa se pone en marcha por la presencia de factores como el fenómeno de la pesca ilegal. Por otro lado, la existencia de un contexto interdependiente e incierto, demuestra que no se puede ser exitosos en el combate de estos problemas de manera unilateral.

La cooperación internacional y la acción coordinada representan la mejor respuesta de los Estados frente a esta situación.

Una mirada desde el corazón del problema

En la medida que crece la población mundial, aumenta el porcentaje del consumo de proteínas animales provenientes del mar, lo que convierte a la protección del ecosistema marino en un desafío para los líderes mundiales ocupados por lograr el desarrollo sostenible.

Por ello, los esfuerzos de la comunidad internacional para mejorar la gobernanza marítima son cada vez más fuertes.

Pensar políticas públicas para el desarrollo sostenible del mar es un desafío instalado en la agenda política de los países con intereses como los nuestros.

Las operaciones de trasbordo ilegal, que operan en aguas distantes a sus países y, la las flotas pesqueras fuertemente subvencionadas provienen de naciones que optan por practicar sistemáticamente la pesca ilegal.

Estas flotas operan en los baches del sistema de gobernanza, amplificando los factores de estrés ambiental y socavando aún más el orden basado en las normas marítimas internacionales.

Cada año se pierden más de 30 mil millones de dólares a nivel mundial por la pesca ilegal, pero el problema de fondo es que está en riesgo el medioambiente marino, regulador del clima mundial.

En tal sentido, la pesca ilegal no declarada, no reglamentada, es un fenómeno que adquiere cada vez más protagonismo y visibilidad en la agenda global.

Los desafíos para Argentina

Argentina, por su perfil de país, tiene importantes intereses y responsabilidades en lo que hace al desarrollo sostenible del mar.

Esas responsabilidades abarcan a la capacidad de presencia del Estado en las aguas jurisdiccionales, como así también un rol comprometido con lo que sucede en la extensa alta mar.

Es una agenda compleja y multidimensional que atraviesa distintas áreas del Estado. Intereses económicos, comerciales, ambientales, vinculados con la seguridad y la defensa, asociados en gran medida a la política exterior, deben articularse inteligentemente si nuestro país quiere tener un rol protagónico en esta agenda.

Las dificultades para suscribir organizaciones regulatorias de la pesca en el área oceánica frente a las costas argentinas y vigilar la  Zona Económica Exclusiva (ZEE), muestran que tenemos un largo camino por recorrer.

Si a esto se suman los datos que arroja el presupuesto 2021, en el que se prevé fondos para que naveguen los patrulleros de la Armada, mientras se programa adquirir otros nuevas embarcaciones para cumplir la misma función en la Prefectura, los pronósticos parecen no ser muy alentadores.

Los recursos asignados por el Presupuesto 2021 a los patrullajes del Atlántico Sur para prevenir la pesca ilegal no son suficientes.    

Cabe preguntarnos: ¿Estaremos usando eficientemente los recursos del Estado? ¿No es raro que seamos uno de los pocos países en el mundo con dos organizaciones distintas para hacer la mismo? ¿No será muy caro?

Pensar políticas públicas para el desarrollo sostenible del mar es un desafío instalado en la agenda política de los países con intereses como los nuestros.

Una estrategia marítima moderna, con una mirada integral e interagencial podría ser una buena hoja de ruta que nos facilitaría cumplir con nuestro compromiso con la seguridad nacional e internacional.

Además posibilitará brindar soluciones concretas a las necesidades de la Argentina de hoy, con la mirada puesta en la calidad de vida de las generaciones futuras.

*Los autores, Paola Di Chiaro Máximo Pérez y León Barreto son miembros del equipo de Fundación Argentina Global.

(Foto: Prefectura Naval)

BUENOS AIRES (NAP). Con el objeto de tipificar la pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva la diputada nacional María Fernanda Vallejos (Frente de Todos, provincia de Buenos Aires) presentó un proyecto de Ley que apunta a preservar el ecosistema pesquero y marítimo y la sostenibilidad de las especies.

La pesca ilegal se produce desde las Islas Malvinas hasta el Atlántico Sudoccidental, que implica la presencia de más de 300 buques extranjeros que llegaron a capturar hasta 800.000 toneladas de recursos pesqueros (merluza, calamar, entre otras especies) fuera de la plataforma argentina y libres de control, según un informe privado.

Además, en otro proyecto la diputada pide al Ejecutivo la instalación de radares para controlar y vigilar el tráfico irregular de los barcos.

El proyecto de la legisladora, establece en la reclusión o prisión de tres a quince años a quien afectara el ecosistema pesquero – marítimo y la sostenibilidad de las especies en esta área, o sus recursos pesqueros migratorios originarios de la ZEE argentina que se encuentren más allá de las doscientas millas marinas.

La iniciativa modifica el Artículo 186 del Código Penal, al incluir las penas por el delito de la pesca ilegal.

Entre los delitos, contempló la pesca ilegal no declarada y no registrada (INDNR); el transporte de explosivos o sustancias tóxicas como método de extracción o pesca; utilizar artes de pesca no autorizadas por la Autoridad de Aplicación; impedir o dificultar el desplazamiento de los peces en sus migraciones naturales y capturar o extraer recursos pesqueros en áreas o épocas de veda.

De este modo, se busca evitar la pesca ilegal que se realiza en Malvinas, donde se otorgan licencias infringiendo todas las leyes nacionales e internacionales.

Con la medida legislativa, se busca, además, impedir que cientos de buques extranjeros depreden los recursos migratorios argentinos en el Atlántico Sudoccidental.

China, España y Corea del sur son los principales países de donde provienen los barcos, indicó el proyecto.

Las capturas se efectúan, mu has veces  fuera de la plataforma marítima argentina, sobre el límite y libres de todo control, regulación ni ordenamiento, según un informe de la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros (Opras).

Asimismo, la pesca ilegal y la no reglamentada en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) representan, al menos, una pérdida para el país de entre U$S 1.000 y U$S 2.000 millones al año, según estimaciones de esta organización civil.

En distintos foros desde la década del noventa se promueve el combate contra la pesca ilegal. Por caso, el Comité de Pesca de la FAO elaboró en 2001 un Plan de Acción Internacional (PAI) no vinculante, para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada (INDNR).

Sin embargo, después de casi treinta años, casi todos los países que pescan a distancia siguen efectuando pesca ilegal. Así lo indicó un informe elaborado por el experto en pesca César Lerena.

Por otro lado, el proyecto de Vallejos busca ir más allá de la Ley 27.564 que aprobó el Congreso en septiembre de 2020, cuando modificó el régimen federal de pesca e introdujo aumentos en las multas por pesca ilegal. “Resulta conveniente contar con mayores medios necesarios para el control debiendo decomisar el buque y las materias primas”, sostuvo la iniciativa.

A su vez, la medida destacó una serie de disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar (CONVEMAR), que establecen que los Estados ribereños deberán determinar la captura permisible en su ZEE, asegurar la preservación de las especies, que no haya exceso de explotación y garantizar las necesidades económicas de las comunidades pesqueras.

El proyecto de Vallejos busca ir más allá de la Ley 27.564 que aprobó el Congreso en septiembre de 2020

En otras partes del mundo existen medidas o documentos contra la pesca ilegal y sus implicancias para el ecosistema y la economía.

Radarización

El segundo proyecto (de resolución) de Vallejos en materia de pesca pide al Ejecutivo Nacional la instalación de radares para la ”vigilancia y control” del tráfico irregular de los barcos en la ZEE del país.

Solicitó que “a través de los organismos competentes en la materia, disponga la instalación de equipos de radarización con las especificaciones técnicas adecuadas para la vigilancia y control estricto de la navegación, tráfico irregular o ilícito, pesca en el espacio marítimo de superficie, submarino y aéreo de la Zona Económica Exclusiva en el Atlántico Sur a efectos de garantizar la preservación de los recursos naturales en pleno ejercicio de sus derechos soberanos”.

Detalló asimismo que en el millón de km2 de ZEE, en 2004 operaban 95 barcos ilegales, mientras que hoy aumentó a alrededor de 500 los barcos piratas con el trasponder de identificación-localización silenciado.

Durante el día, estos navegan en la milla 201, en aguas internacionales, y de noche se cuelan en la ZEE argentina. Están siempre ocultos por la curvatura terrestre, salvo para las pocas patrullas navales o aéreas de la Armada o de la Prefectura Naval Argentina.

Los proyectos cuentan con la adhesión de diecinueve diputados del Frente de Todos: Carolina Yutrovic, Aldo Leiva, María Jimena Lopez, Graciela Landriscini, Liliana Schwindt, Blanca Osuna, Mayda Cresto, Alicia Aparicio Rosa Muñoz, Mabel Caparrós, Claudia Ormachea, Lía Caliva, Alejandra Obeid, María Rosa Martinez, Marcelo Koenig, Claudia Bernazza, Héctor Fernandez, Nancy Sand y Ayelén Sposito (Noticas AgroPecuarias).