(NAP) La agroindustria argentina muestra 2 realidades que, aunque parecen contradictorias, responden a dinámicas diferentes: mientras las exportaciones de productos agropecuarios y sus derivados registran un crecimiento significativo, una parte de la industria que fabrica maquinaria y tecnología para la agricultura atraviesa una situación crítica.

Según el Consejo Agroindustrial Argentino, las exportaciones agroindustriales alcanzaron los US$ 42.304 millones entre enero y septiembre de 2026, con un crecimiento interanual del 13,2%. En septiembre, las ventas externas sumaron US$ 5.500 millones, un 13,6% más que en el mismo mes del año pasado.

El resultado estuvo impulsado por distintos complejos, entre ellos girasol, maíz y carne y cuero vacuno. También se destacaron los avances de las cadenas porcina, algodonera y de otros productos agroindustriales. Los datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, elaborados sobre estadísticas del Indec, registraron a su vez un crecimiento del 13% en el valor exportado y del 11% en volumen durante los primeros nueve meses.

Esto último dato de la Sagyp es importante: el crecimiento no se explica solamente por mejores precios internacionales. También hubo mayores cantidades comercializadas. La demanda externa permitió colocar más productos argentinos en distintos mercados, aunque el desempeño no fue uniforme entre todos los complejos.

Una realidad diferente

La situación cambia cuando se observa a las empresas que producen tractores, cosechadoras, sembradoras, implementos y tecnología para el agro. Su actividad depende en gran medida de las inversiones que realizan productores y contratistas en el mercado interno.

En este segmento, los indicadores muestran dificultades. Durante el segundo trimestre de 2026, las ventas de tractores cayeron 23,3% interanual y las de cosechadoras retrocedieron 22,1%. En cambio, los implementos crecieron 9,6% y las sembradoras, 1,5%.

La menor demanda se combina con problemas de financiamiento, costos industriales elevados y capacidad ociosa. Problemas que complicaron a marcas como Meltafor y Pauny

Aunque el sector agropecuario genera divisas a través de sus exportaciones, eso no significa que los productores necesariamente destinen esos ingresos a renovar maquinaria.

La decisión de inversión depende de la rentabilidad de cada actividad, los costos, las tasas de interés y las expectativas económicas.

A ese escenario se agrega la mayor competencia de equipos importados, especialmente de China. La apertura comercial amplió la oferta disponible y expuso a los fabricantes nacionales a productos que, en determinados segmentos, llegan al mercado con precios considerablemente inferiores.

Un relevamiento del mercado de tractores mostró que los equipos importados representaron el 28,4% de las unidades vendidas durante el primer semestre de 2026, frente al 16,3% de un año antes. Esto ocurrió en un mercado que, al mismo tiempo, se contrajo 26,6%.

El avance de las importaciones, por lo tanto, no se produjo en un mercado en expansión, sino en uno con menos operaciones y mayor competencia por las ventas.

De todos modos, hay que distinguir la participación de los equipos extranjeros del volumen total importado. Según datos de importaciones de maquinaria agrícola, entre enero y septiembre ingresaron productos por US$ 617 millones, un 6,8% menos que en igual período de 2025. Es decir, no aumentó el valor total importado, aunque los equipos extranjeros ganaron participación en determinados segmentos del mercado.

La apertura comercial es, entonces, un factor concreto de presión sobre los fabricantes locales, pero no alcanza para explicar por sí sola la crisis. La caída de la demanda interna y las dificultades financieras también tienen un peso importante.

Plantium y Gentec, un ejemplo

La situación de Plantium y Gentec, que despidieron a más de 100 trabajadores y cerraron temporalmente su planta de Villa Constitución, permite observar cómo se combinan esos factores.

Las empresas, dedicadas al desarrollo de tecnología para el agro, sufrieron una caída de ventas y problemas para cobrar a sus principales clientes, entre ellos Metalfor y Pauny. Según su propietario, Jorge Gentili, Gentec dependía de apenas cuatro compradores principales. Metalfor acumuló una deuda cercana a los $500 millones entre cheques rechazados y saldos de cuenta corriente, mientras que también mencionó dificultades de pago de Pauny y la interrupción de compras de Agco.

A esos problemas se sumaron el endeudamiento propio, la retracción de la demanda y la competencia de equipos importados. Los trabajadores señalaron que algunos sistemas de piloto automático chinos llegan a costar hasta cinco veces menos que los desarrollados por Plantium.

El caso muestra que la crisis no responde exclusivamente a la apertura importadora: también está vinculada con la situación de los fabricantes de maquinaria, la falta de inversión de los productores y los problemas de cobranza dentro de la propia cadena industrial.

Dos mercados, dos dinámicas

La comparación permite entender por qué pueden crecer las exportaciones agroindustriales mientras se deteriora una parte de la industria vinculada al campo.

Los complejos de granos, aceites, carnes y otros productos primarios y derivados encuentran oportunidades en los mercados internacionales y consiguieron aumentar sus ventas externas. En cambio, los fabricantes nacionales de maquinaria y tecnología dependen en buena medida de un mercado interno cuya demanda se encuentra debilitada y donde la competencia importada ganó terreno.

No hay contradicción entre ambos resultados: se trata de actividades con mercados, clientes y condiciones de competitividad diferentes.

El buen desempeño exportador no garantiza automáticamente una mayor inversión en maquinaria nacional ni una mejora para todos los eslabones de la cadena. Y aunque la apertura de las importaciones agrega presión sobre la industria local, atribuirle toda la crisis sería simplificar un problema en el que también intervienen la caída de las ventas, el financiamiento, los costos y las dificultades de cobro. (Noticias AgroPecuarias)

(NAP) La nueva ley de biocombustibles volvió a quedar empantanada en la Cámara de Diputados, dado que en el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda, y Agricultura y Ganadería no logró emitir dictamen el miércoles 28 de octubre, por falta de acuerdo entre el oficialismo y bloques aliados sobre las condiciones de participación de las empresas productoras de biodiésel en el mercado interno.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca reemplazar la Ley 27.640 y establecer un nuevo marco regulatorio para el sector. La iniciativa eleva el corte obligatorio de bioetanol en las naftas al 15% y el de biodiésel en el gasoil al 10%, además de modificar las condiciones de comercialización y competencia.

El principal punto de conflicto es la posibilidad de que las grandes empresas agroexportadoras y aceiteras, integradas a la producción de soja y biodiésel, puedan abastecer el mercado interno.

Actualmente, ese segmento está reservado a las pymes que elaboran el biocombustible para las petroleras.

Las pymes advierten que la apertura podría reducir su participación en el negocio, mientras que las grandes compañías sostienen que su incorporación permitiría ampliar la oferta y contribuir a reducir los costos del gasoil.

El debate

En Diputados, los legisladores del PRO, la UCR y el MID plantearon objeciones al texto aprobado por el Senado y reclamaron modificaciones.

El oficialismo, en cambio, no mostró disposición a alterar la iniciativa, según lo expresado por el subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Veller.

Una alternativa planteada durante las discusiones consiste en elevar el corte obligatorio de biodiésel del 10% al 12% o al 12,5%. La propuesta apunta a ampliar la demanda interna y generar espacio para la participación de las grandes empresas sin desplazar a las pymes que actualmente abastecen ese mercado.

La diputada Victoria Tolosa Paz respaldó la posibilidad de llevar la mezcla al 12,5%, mientras que otros legisladores y representantes de la industria defendieron el texto que obtuvo media sanción en el Senado.

La falta de acuerdo dejó al oficialismo sin los votos necesarios para avanzar con el dictamen. El presidente de la comisión de Energía y Combustibles, Facundo Correa Llano, indicó que las conversaciones continuarían para intentar destrabar el tratamiento.

El bioetanol con acuerdos

La disputa por el biodiésel también demora una reforma que contempla a toda la cadena de biocombustibles. En el caso del bioetanol, producido a partir de caña de azúcar y maíz, los sectores involucrados alcanzaron acuerdos sobre los principales lineamientos de la iniciativa.

El proyecto propone elevar al 15% el corte obligatorio de bioetanol en las naftas. La modificación interesa especialmente a provincias como Córdoba, principal productora nacional de este combustible a partir de maíz, y Tucumán, vinculada a la producción basada en caña de azúcar.

La falta de dictamen mantiene en suspenso las expectativas de inversión asociadas al nuevo marco regulatorio. Desde distintos sectores de la cadena agroindustrial sostienen que una normativa de largo plazo permitiría ampliar la producción y aprovechar la capacidad instalada.

El diputado cordobés Carlos Gutiérrez cuestionó la demora y advirtió que la falta de avances perjudica a las provincias productoras. También sostuvo que existe disposición para negociar mejoras en los porcentajes de corte, pero reclamó que las diferencias no se conviertan en un obstáculo permanente para sancionar la ley.

Con los tiempos parlamentarios cada vez más ajustados, la posibilidad de que la reforma sea aprobada antes de finalizar 2026 dependerá de que el oficialismo y los bloques aliados alcancen un acuerdo. Si el texto se modifica en Diputados, deberá regresar al Senado para su revisión, lo que agrega una dificultad para completar el trámite legislativo antes del cierre del año. (Noticias AgroPecuarias)

(NAP) La eliminación de los derechos de exportación podría impulsar la creación de más de 850.000 puestos de trabajo adicionales en las cadenas agroindustriales argentinas durante los próximos diez años.

La proyección pertenece a la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina y fue analizada por su economista jefa, Nicolle Pisani Claro, en una entrevista con el programa Agroindustria en Foco, que se emite por Eco Medios AM1220.

El estudio estimó que, sin retenciones, la producción de granos podría aumentar en alrededor de 70 millones de toneladas, con efectos sobre distintas actividades económicas, desde la agricultura hasta la industrialización, el transporte y la comercialización de alimentos.

“Se pueden producir más granos y, con esa mayor cantidad, producir más carnes”, explicó Pisani Claro al referirse al mecanismo por el cual una expansión de la agricultura podría generar nuevos puestos de trabajo en otras cadenas productivas.

El cálculo de Fada contempla unos 430.000 empleos adicionales vinculados con los cereales y las oleaginosas, y otros 425.000 en las cadenas de carnes y biocombustibles. En conjunto, el potencial supera los 850.000 puestos de trabajo en una década.

La economista señaló que las cadenas agroindustriales generan actualmente más de 4 millones de puestos de trabajo en el país, distribuidos entre la producción primaria, la industria, el comercio, el transporte y los servicios asociados.

Según el informe difundido por Fada, en 2025 esas actividades generaron 4.332.114 empleos, equivalentes al 23% del empleo privado nacional. Esto significa que aproximadamente dos de cada diez puestos de trabajo del sector privado están vinculados con la agroindustria.

Al agrupar las actividades por grandes cadenas, los cereales y las oleaginosas concentran el 32% del empleo agroindustrial, mientras que las economías regionales representan cerca del 29%. Las cadenas de carnes y la láctea reúnen, en conjunto, alrededor del 23%.

La carne vacuna ocupa el primer lugar entre las actividades agroindustriales individuales, con aproximadamente 519.000 puestos de trabajo. Le siguen las frutas, verduras y legumbres, con unos 462.000, y la soja, con alrededor de 446.000.

Para Pisani Claro, estos números permiten dimensionar el alcance de la actividad más allá de las tareas que se realizan directamente en los establecimientos rurales. La producción agroindustrial también sostiene empleos en plantas de procesamiento, empresas proveedoras de insumos, transporte, logística, comercios y servicios profesionales.

El impacto de una mayor producción

La eliminación de las retenciones podría modificar los incentivos para producir y ampliar la actividad de distintas cadenas. En el caso del maíz, por ejemplo, una mayor cosecha permitiría destinar más grano a la alimentación animal y favorecer la expansión de las producciones bovina, porcina y aviar. También podría incrementar la disponibilidad de materia prima para elaborar bioetanol.

En la cadena de la soja, un mayor volumen de producción podría fortalecer las actividades de industrialización y la elaboración de biodiésel.

El efecto sobre el empleo, por lo tanto, no se limitaría al crecimiento de la superficie sembrada o de la producción agrícola. La proyección contempla el movimiento económico que generaría el incremento de la actividad en los distintos eslabones de las cadenas.

Durante la entrevista, Pisani Claro también destacó que, en promedio, alrededor del 50% de la producción de granos, carnes y economías regionales se destina a la exportación, mientras que el resto abastece al mercado interno.

La economista recordó que Fada acercó sus estudios sobre el potencial de la eliminación de las retenciones a legisladores de las comisiones de Agricultura y Ganadería de ambas cámaras del Congreso y a la Secretaría de Agricultura de la Nación.

En relación con la posibilidad de avanzar en esa dirección, señaló que el Gobierno plantea la necesidad de mantener el equilibrio fiscal antes de continuar con la reducción de los derechos de exportación.

Perspectivas para la campaña 2026/27

Consultada sobre las perspectivas productivas para la campaña 2026/27, Pisani Claro indicó que FADA observa un panorama favorable para la agricultura, con expectativas de una mayor producción de toneladas respecto de la campaña anterior.

Sin embargo, advirtió que la evolución climática será un factor determinante. En particular, mencionó los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre algunas regiones, con riesgos de inundaciones que podrían afectar a las economías regionales y a la ganadería.

La economista también señaló que será necesario seguir la evolución de los conflictos internacionales y sus posibles consecuencias sobre la actividad económica y los mercados.

Por último, se refirió al crecimiento de la minería y de los combustibles como sectores que contribuyen a diversificar las fuentes de generación de empleo y de divisas. En ese sentido, sostuvo que el aumento de las exportaciones de distintas actividades puede contribuir al superávit comercial argentino.

La estimación de Fada sobre el empleo agroindustrial plantea así un escenario potencial: una mayor producción agrícola podría extender sus efectos sobre las cadenas de transformación y comercialización, con la posibilidad de incorporar cientos de miles de trabajadores adicionales si se concretaran las condiciones previstas en el estudio. (Noticias AgroPecuarias)

(NAP) Dos productores agropecuarios de Carlos Casares recurrieron a la Justicia para exigir información sobre las obras hidráulicas previstas en la cuenca del río Salado y el destino de los $2,3 billones anunciados por el Gobierno bonaerense para prevenir los efectos de eventos climáticos extremos.

El amparo por acceso a la información pública fue presentado el 22 de octubre contra la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a cargo de Gabriel Katopodis. La medida se tomó luego de que un pedido formal de información, ingresado el 22 de julio, no obtuviera respuesta dentro del plazo legal.

Los productores buscan que la Justicia ordene a la cartera provincial entregar documentación sobre las obras proyectadas, contratadas, iniciadas, paralizadas o finalizadas, además de precisar cuánto dinero se asignó, cuánto se ejecutó y qué trabajos siguen pendientes.

Ante las consultas periodísticas, desde el Ministerio de Infraestructura señalaron que responderán el pedido de informes a la brevedad.

Uno de los ejes del reclamo es conocer cómo se instrumentará el Plan de Gestión del Riesgo Climático presentado en agosto por el gobernador Axel Kicillof, con una inversión anunciada superior a los 2.300.000 millones de pesos.

Los demandantes solicitan información sobre el respaldo administrativo y presupuestario de ese monto, las fuentes de financiamiento, los organismos responsables y los mecanismos de ejecución y control.

También requieren datos sobre licitaciones, empresas contratistas, contratos, certificados de obra, pagos e informes de inspección.

El pedido comprende distintas intervenciones en la cuenca del río Salado, especialmente en la subregión A3, donde se registran problemas recurrentes de acumulación de agua y anegamientos.

Entre los trabajos sobre los que solicitan precisiones figuran las obras en el arroyo Saladillo y el canal troncal Mones Cazón; los canales Vinculación y del Este; las intervenciones en la laguna Municipal de Bragado y el canal República de Italia-Mercante-Jauretche; y el sistema Belloq-Cadret-La Sofía.

También requieren información sobre el canal al sur de la ruta nacional 5, la estación de bombeo del complejo lagunar Hinojo-Las Tunas y los controles sobre canales construidos sin autorización.

El planteo incluye, además, las obras realizadas desde enero de 2024 en Carlos Casares, particularmente las relacionadas con caminos rurales, alcantarillas, canales, puentes y drenajes.

Caminos rurales

La presentación judicial se produce en una región que sufrió graves anegamientos durante 2025, con consecuencias para la producción agropecuaria y la circulación rural. El deterioro de los caminos dificultó el acceso a los establecimientos, el traslado de insumos y la salida de la producción.

Los productores también quieren conocer qué medidas adoptaron las autoridades durante 2025 y 2026 frente a las inundaciones y qué trabajos de mantenimiento se realizaron o están previstos para reducir el riesgo de nuevos anegamientos.

La preocupación se relaciona con la posibilidad de que nuevas lluvias encuentren los suelos saturados y una infraestructura insuficiente para facilitar el escurrimiento del agua.

En ese contexto, el reclamo apunta a establecer si los anuncios de inversión se tradujeron en partidas presupuestarias, contrataciones y avances concretos en las zonas afectadas.

Los productores aclararon que no solicitan a la Justicia que determine si las obras proyectadas son suficientes o si las decisiones oficiales fueron correctas. El objetivo del amparo es obtener información pública documentada para conocer el estado de las intervenciones y el uso de los recursos anunciados.

La presentación se suma a otros reclamos de productores de la región por el estado de los caminos rurales y la ejecución de obras de infraestructura. En este caso, la discusión se concentra en el acceso a la información sobre el plan provincial y en la necesidad de conocer qué trabajos se realizarán, con qué financiamiento y en qué plazos.

Por el momento, el amparo busca obtener una respuesta oficial: no implica que la Justicia haya determinado irregularidades en el manejo de los fondos ni que exista una resolución definitiva sobre las obras reclamadas.

(NAP)La confianza de los productores agropecuarios argentinos registró una leve mejora en septiembre-octubre y se ubicó en 150 puntos, un 2% por encima de la medición anterior, cuando había alcanzado los 147 puntos.

Sin embargo, más allá de esta recuperación, las últimas tres mediciones del Ag Barometer Austral, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, muestran una estabilización del indicador en niveles históricamente elevados, con una brecha persistente entre las expectativas favorables hacia el futuro y una mayor cautela al momento de tomar decisiones.

En este escenario, dos factores concentran la atención de los productores: la incertidumbre política e institucional ante las elecciones de 2027 y la posibilidad de un evento climático El Niño durante la próxima campaña agrícola. Ambos aparecen entre las principales preocupaciones del sector y conviven con una percepción favorable sobre las oportunidades productivas, pero también con la necesidad de preservar recursos y flexibilidad financiera.

“Los resultados muestran que el productor mantiene confianza en el mediano plazo, pero esa expectativa no se traduce automáticamente en decisiones inmediatas de inversión. Hay oportunidades que se evalúan favorablemente, aunque la incertidumbre política, climática y financiera lleva a analizar con cuidado cuándo comprometer capital y cómo preservar capacidad de maniobra”, explica Carlos Steiger, investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y director del Ag Barometer Austral.

La incertidumbre electoral de 2027, entre los principales condicionantes de la inversión

El relevamiento muestra que la incertidumbre electoral hacia 2027 es el factor más mencionado por los productores al consultarles qué los lleva a actuar con cautela o postergar inversiones: el 49% identifica el escenario político como un condicionante, seguido por la incertidumbre climática, con el 38%, y las tasas o condiciones de financiamiento, con el 24%. Al tratarse de una pregunta de respuesta múltiple, los productores podían señalar más de un factor.

Además, un 68% de los productores manifiesta que el escenario electoral influye mucho o algo en sus decisiones de inversión. Los resultados reflejan la percepción de los propios empresarios agropecuarios y no implican, por sí mismos, una relación causal entre la incertidumbre política y las inversiones que finalmente se concretan.

La cautela convive, sin embargo, con una evaluación positiva de las oportunidades. El Índice de Expectativas de Inversión aumentó un 3,9% y alcanzó los 133 puntos, su máximo histórico. Asimismo, el 66% de los productores considera que es un buen momento para invertir.

La diferencia entre ambas respuestas ayuda a explicar el comportamiento del sector: reconocer una oportunidad no significa necesariamente concretarla de inmediato. En un contexto de incertidumbre, los productores también priorizan la liquidez, la reducción de compromisos financieros y la posibilidad de adaptar sus decisiones a medida que se despeje el panorama económico y político.

“Que el índice de inversión alcance un máximo histórico y que, al mismo tiempo, los productores manifiesten cautela no es contradictorio. Una cosa es evaluar favorablemente una oportunidad y otra es decidir el momento adecuado para comprometer recursos. La liquidez y la flexibilidad financiera siguen siendo importantes para atravesar un escenario que todavía presenta incertidumbres”, señala Steiger.

El posible Niño obliga a evaluar estrategias para la campaña 2026/27

La incertidumbre climática también ocupa un lugar central en las decisiones del campo. Ante la posibilidad de un evento El Niño durante la campaña 2026/27, los productores consideran distintas alternativas para adaptar sus sistemas productivos y reducir la exposición al riesgo.

Según el relevamiento, el 31% prevé ajustar las fechas de las labores, la selección de cultivos o las tecnologías utilizadas. Por su parte, el 17% evalúa contratar seguros o ya lo hizo, mientras que el 16% considera modificar su plan de siembra y adoptar una mayor cautela en las inversiones. En contraste, el 27% afirma que no modificaría sus decisiones ante este escenario.

Las respuestas muestran que la posibilidad de un evento climático no conduce a una estrategia única. Mientras algunos productores contemplan cambios operativos y tecnológicos, otros evalúan mecanismos de cobertura o una reducción del riesgo asociado a sus planes de inversión.

“El riesgo climático obliga a pensar las decisiones productivas de manera integral. La elección de cultivos, las fechas de las labores, la tecnología y las herramientas de cobertura forman parte de una misma estrategia de adaptación. Frente a un escenario de posible Niño, la planificación y la capacidad de ajustar las decisiones adquieren especial importancia”, sostiene Steiger.

Confianza estable, inversión selectiva y nuevas oportunidades

El Índice Ag Barometer Austral pasó de 151 puntos en mayo a 147 en julio y 150 en septiembre-octubre, lo que sugiere una estabilización de la confianza en niveles históricamente elevados. En la última medición, el Índice de Condiciones Presentes aumentó un 5%, hasta los 126 puntos, mientras que el de Expectativas Futuras creció un 1,2%, hasta los 167. En términos interanuales, el indicador general registró una mejora del 20%.

Esta confianza convive con decisiones de inversión selectivas. Aunque el 66% de los productores considera que es un buen momento para invertir y el Índice de Expectativas de Inversión alcanzó su máximo histórico, con 133 puntos, el 32% prioriza destinar recursos a mejorar la producción durante la campaña 2026/27 y el 25% a adquirir activos estratégicos, como tierra o hacienda. Al mismo tiempo, otro 25% busca preservar liquidez y capacidad de maniobra, mientras que el 21% prioriza reducir deudas y compromisos financieros. En este contexto, el 55% afirma que sus costos en dólares son más altos que en la campaña anterior.

La incorporación de inteligencia artificial también aparece como una oportunidad para el sector: el 32% de los productores identifica la producción como el área con mayor potencial de mejora, seguida por el planeamiento estratégico (28%) y la gestión financiera (23%).

Los resultados muestran un escenario de confianza hacia el mediano plazo, pero cautela en las decisiones presentes. La incertidumbre electoral, el riesgo climático y las condiciones financieras conviven con una evaluación favorable de las oportunidades productivas, en un contexto en el que los productores buscan invertir sin perder flexibilidad para adaptarse a los cambios.

“El productor mantiene una mirada favorable sobre el mediano plazo, pero evalúa cuidadosamente cada decisión de inversión. En un escenario atravesado por la incertidumbre política y climática, preservar la liquidez y la capacidad de adaptación es tan importante como identificar oportunidades de crecimiento”, concluye Steiger.(Noticias AgroPecuarias)

(NAP) La industria semillera volvió a reclamar avances para modificar la Ley de Semillas y anunció que amplió las excepciones al pago por el uso propio respecto de su propuesta inicial.

La Asociación de Semilleros Argentinos presentó el cambio como un paso para acercar posiciones con las entidades de productores, en una negociación que todavía debe resolver aspectos centrales del futuro régimen.

El debate gira en torno a uno de los puntos más sensibles de la legislación: las condiciones bajo las cuales un productor puede reservar semillas obtenidas de su propia cosecha para volver a sembrarlas en su explotación, sin tener que pagar nuevamente por ellas.

La Ley 20.247, sancionada en 1973, constituye el marco normativo vigente. La industria considera necesario actualizarlo para fortalecer el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales y generar incentivos para invertir en investigación y desarrollo genético.

Desde esa perspectiva, ASA sostiene que un sistema con reglas claras y previsibles permitiría atraer inversiones, acelerar la incorporación de nuevas tecnologías y ampliar la oferta de variedades. Según la entidad, el objetivo es mejorar la productividad y la competitividad del agro argentino.

El uso propio

La ampliación de la superficie contemplada dentro de las excepciones al pago por uso propio es la principal novedad comunicada por ASA. La entidad señaló que la modificación busca contemplar las distintas realidades productivas y permitir que los productores que lo necesiten continúen accediendo a genética de calidad.

Sin embargo, todavía resta definir cómo se aplicaría el régimen, qué productores quedarían exceptuados y cuáles deberían pagar por volver a utilizar semillas de su propia cosecha. La ampliación anunciada por la industria no equivale a un acuerdo definitivo ni supone que las nuevas condiciones ya estén vigentes.

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias planteó también la necesidad de establecer excepciones. Entre las alternativas discutidas durante las negociaciones figura un esquema que permita distinguir a los productores según su escala productiva, aunque persisten diferencias sobre los criterios y los alcances de esa protección.

La CEEA había propuesto mantener el uso propio gratuito para productores de hasta 500 hectáreas agrícolas por año, mientras que ASA aceptaba establecer excepciones, pero cuestionaba que se utilizara exclusivamente ese umbral.

Inversión genética y productividad

ASA sostuvo nuevamente que la actualización normativa no debería limitarse a modificar la distribución del valor generado actualmente por la actividad, sino que tendría que crear condiciones para ampliar ese valor mediante nuevas inversiones.

El mejoramiento genético permite desarrollar variedades con mayor potencial de rendimiento, mejor adaptación a diferentes ambientes y respuestas más adecuadas frente a condiciones climáticas adversas. Para la industria, contar con un marco que proteja las inversiones es una condición para sostener ese proceso.

La discusión también se vincula con el eventual acercamiento de Argentina a estándares internacionales de protección de obtenciones vegetales, entre ellos el Acta de 1991 del convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Este punto genera diferencias con sectores de la producción que defienden mantener un esquema más flexible para el uso propio.

Por ahora, la ampliación de las excepciones anunciada por ASA representa un movimiento dentro de la negociación, pero no resuelve las diferencias sobre el alcance de la propiedad intelectual, las regalías y los derechos de los productores.

El resultado de esas conversaciones será determinante para definir el contenido de una eventual reforma y las condiciones bajo las cuales se utilizarán las semillas en el sistema productivo argentino. (Noticias AgroPecuarias)

(NAP) Con un valor de entre 3.000 y 4.500 pesos la latita de atún de 170 gramos, esta proteína animal es uno de los productos más costosos de la canasta alimentaria en Argentina, básicamente porque el país no produce atún a escala comercial; sin embargo, un reciente e inédito fenómeno biológico en las costas de Mar del Plata encendió las alarmas de los científicos y generó expectativas en el sector pesquero.

Hasta ahora, Argentina importa, mayormente de Brasil y de Ecuardor, el pescado congelado y procesado por lo que el precio final queda expuesto a la devaluación, los fletes marítimos y los aranceles aduaneros.

Pero la aparición de más de 120 cajones de atún barrilete (Katsuwonus pelamis) en la banquina marplatense tras 35 años de ausencia podría cambiar la ecuación:

Según los especialistas, si las corrientes cálidas del norte (“tropicalización” del agua) consolidan la presencia de esta especie en la plataforma continental, la flota costera argentina podría capturarlo directamente de forma regular.

Sin embargo, antes de alimentar esperanzas, desde el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, se apuntó que si bien se dieron condiciones ambientales que favorecieron la llegada del ‘barrilete’, no se puede afirmar que el cambio climático sea la causa directa y que para sostener esa afirmación harían falta series de temperatura, registros históricos de distribución y estudios que vinculen el fenómeno con una tendencia de largo plazo.

Igualmente, los especialistas del Inidep evalúan si el fenómeno llegó para quedarse.

Mientras tanto, la industria ya analiza dos caminos comerciales para abaratar la góndola: el primero es tomar al “barrilete” como el primer atún nacional accesible. De hecho esta especie es la más utilizada a nivel mundial para el atún desmenuzado en lata. Con lo que lograr una oferta regular de este recurso en Mar del Plata permitiría vender “atún real” con sello argentino a una fracción del precio del importado.

La segunda estrategia que evalúan las industrias es la de potenciar el “Bonito” como sustituto premium: si el volumen de atún barrilete sigue siendo inestable, el fenómeno biológico empuja de igual manera a otras especies de la misma familia, como el bonito.

Pez bonito

Una mayor abundancia local de bonito permitiría a las marcas nacionales abastecer a las góndolas con una conserva de excelente calidad que compita directamente con el “lomito de atún” extranjero, pero a un precio mucho más competitivo y pesificado.
Aunque todavía es pronto para hablar de una soberanía pesquera total sobre el recurso, el sector industrial mira con optimismo el calentamiento de las aguas del Atlántico Sur. (Noticias AgroPecuarias)

(NAP) La carne vacuna perdieron terreno en la mesa de los argentinos por una cuestión de precios, aunque sus valores en dólares continúan por debajo de los registrados en la mayoría de los países analizados. La combinación de una menor oferta interna y el encarecimiento relativo de la carne bovina favoreció el consumo de pollo y cerdo.

Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, entre agosto de 2025 y julio de 2026 el consumo aparente por habitante se ubicó en 46,7 kilos anuales de carne vacuna, frente a 47 kilos de pollo y 20,1 kilos de cerdo. Por primera vez, el pollo superó a la carne bovina en esa comparación.

La evolución de los precios ayuda a explicar el cambio. En los doce meses hasta agosto de 2026, una canasta de 18 cortes vacunos aumentó un 13,3% en términos reales, es decir, descontada la inflación. En el mismo período, el pollo y el cerdo bajaron alrededor de un 4% real.

La diferencia también se observa en el poder de compra entre carnes: con el dinero necesario para adquirir un kilo de carne vacuna se podían comprar 3,6 kilos de pollo entero o 1,9 kilos de cerdo.

A la presión de los precios se sumó una menor disponibilidad de carne bovina para el mercado local. La producción por habitante pasó de 69 a 64,6 kilos en los últimos doce meses considerados por el informe, mientras que las exportaciones aumentaron de 18,6 a 19,4 kilos por habitante. En ese contexto, la carne vacuna quedó relativamente más cara frente a sus alternativas.

Precios en otros países productores

Sin embargo, la Fundación Mediterránea hizo una comparación con los precios de los cortes expresados en dólares y contrastados con los de otros países productores de carne vacuna; la Mediterránea relevó 9 mercados y ubicó el precio promedio de una canasta de carne vacuna argentina en US$ 13,13 por kilo.

El valor se situó por debajo del registrado en Estados Unidos, donde la canasta alcanzó US$ 24,87 por kilo; Canadá, con US$ 23,81; Australia, con US$ 22,01; y Nueva Zelanda, con US$ 21,76. Para cortes comparables, la diferencia llegó al 82% frente a Estados Unidos y al 59% frente a Canadá.

La comparación también muestra que Argentina no es el mercado más barato en todos los casos: en Brasil, la carne vacuna relevada costó alrededor de un 10% menos, y en Paraguay, un 19% menos que en Argentina.

Entre los cortes individuales, el lomo se ubicó en US$ 22,80 por kilo en Argentina, frente a US$ 59,10 en Estados Unidos. La carne picada argentina, por su parte, registró un valor de US$ 6,04 por kilo, el más bajo de los mercados relevados.

Así, los datos muestran dos realidades que conviven. En el mercado interno, la carne vacuna perdió participación porque su precio evolucionó desfavorablemente frente al pollo y el cerdo. Pero en la comparación internacional, los cortes argentinos siguen siendo más baratos que en buena parte de los países analizados.

¿Qué factores explican la suba?

–Menos animales disponibles para faena. La sequía de años anteriores, las ventas anticipadas de hacienda y las dificultades para recomponer el rodeo redujeron la disponibilidad de animales. A esto se suma que el productor puede retener hembras y novillos para aumentar el stock o producir animales más pesados, lo que restringe la oferta inmediata. La Bolsa de Comercio de Rosario informó que la faena cayó a niveles mínimos de una década durante el primer cuatrimestre de 2026.

¿Cuánto influye el boom exportador?

La incidencia real de que se exporte una proporción de la producción, estimada en 20%, a las exportaciones no influyan directamente sobre los precios internos. El mercado se mueve según la disponibilidad de hacienda y el valor que los compradores están dispuestos a pagar.

Es decir que el precio de la carne no depende solamente de cuánta producción se exporta, sino también de cuánto se paga por ella y de cuánta hacienda hay disponible.

(NAP) El Ministerio de Economía de Argentina homologó la declaración de emergencia y desastre agropecuario por inundaciones en la provincia de Buenos Aires, con la publicación de la Resolución 1850/2026 en el Boletín Oficial, y oficializó así los beneficios de la Ley 26.509 para campos anegados en el partido de 9 de Julio y en 4 circunscripciones de Necochea.

De esta manera, el Gobierno convalidó el pedido provincial para morigerar el impacto de los excesos hídricos en los productores que se vean afectados con pérdidas en su producción, obtendrán facilidades impositivas y crediticias.

Al detallar el alcance de la norma, se precisó que se declaró el estado de emergencia o desastre agropecuario por inundación para el partido de Nueve de Julio. Esta medida rige durante el período del 1 de mayo de 2026 y el 31 de octubre de 2026.

Además, la resolución abarcó a los distritos de las circunscripciones II, III, IV y XII del partido de Necochea. Esta medida rige durante el período comprendido entre el 1 de mayo de 2026 y el 31 de octubre de 2026.

Los productores afectados deberán tramitar las exenciones impositivas. En este sentido, tendrán que presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos.

Por su parte, la provincia asumió el compromiso de remitir el listado de beneficiarios a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. En el plano tributario, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y los bancos oficiales arbitrarán los medios para otorgar los beneficios.

“Instrúyase al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía a celebrar convenios o actos para la ejecución de la presente medida en el marco de sus competencias”, agregó la norma. (Noticias AgroPecuarias)