Unidos contra la cláusula Monsanto

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Ruralistas, acopiadores y corredores la acusan de montar “un sistema perverso” para cobrar regalías. El gobierno anunció que salvará del pago a los productores pequeños. Más apoyos y más rechazos.

ROSARIO (NAP). La decisión de la multinacional Monsanto de cobrar regalías por sus nuevos desarrollos transgénicos -mediante una cláusula que obliga a los vendedores a aceptar una retención compulsiva- fue rechazada en conjunto por las entidades que representan a los productores (Sociedad Rural, CRA, Federación Agraria y Coninagro), con la novedad de que también contaron con el apoyo de la Federación de Acopiadores de Granos y Centro de Corredores de Cereales de Rosario.

La unidad se logró ayer en la Bolsa de Comercio de Rosario. En un comunicado de prensa, acusaron que “la pretensión de Monsanto es establecer un sistema ilegal consistente en que los distintos actores de la cadena fiscalicen, informen y retengan dinero de manera compulsiva, en perjuicio de productores, acopios y cooperativas, lesionando la transparencia del sistema comercial mediante la generación de una posición dominante de mercado”.

A pedido de la multinacional con base en Saint Louis (Missouri), los principales exportadores e industrializadores de soja de la Argentina resolvieron incorporar a sus contratos de compra de mercadería una cláusula que obliga a los vendedores a aceptar una retención compulsiva en caso que se detectara la presencia de tecnologías patentadas. Serían u$S 15 por tonelada que se le descuenta al vendedor en caso de que aparezca tecnología Intacta RR2 entre la soja entregada.

Las entidades plantean que la inspección se realiza “mediante un procedimiento carente de reconocimiento oficial”. “Así como oportunamente hemos recomendado a los vendedores no aceptar la imposición de tales condiciones, reiteramos nuestro requerimiento a los exportadores e industrializadores, para que se abstengan de incorporar la misma en los contratos de compraventa de granos”.

“Reiteramos que alentamos la generación de nuevas tecnologías y aceptamos que las mismas sean adecuadamente remuneradas con arreglo al marco legal respectivo, lo cual de ningún modo puede justificar la convalidación de tan perverso sistema”.

El comunicado se conoció unas horas después de que el gobierno anunció que publicará un decreto que exonerará del pago a los productores pequeños, preservando el denominado ‘uso propio’ de semillas. El viernes pasado, la Federación Agraria denunció que la firma había comenzado a aplicar la ‘Cláusula’.

Monsanto pretende una protección por el gen RR2, un evento que representa la segunda generación de la soja tolerante a glifosato, que proporciona un potencial aumento de rendimiento en relación a la RR1, producto por el que nunca pudo cobrar regalías.  

Decreto. En un intento por achicar la polémica, el gobierno argentino anunció la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que fijará los pagos por derecho de propiedad que deben realizarse en la semilla, además de crear un registro de uso propio.

“El decreto determinará qué porción de la semilla no fiscalizada es de uso propio y qué porción corresponde al comercio de ‘bolsa blanca’”, anunció el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández durante un encuentro que se concretó el martes en el Ministerio de Agricultura de la Nación

El funcionario afirmó que el DNU “excluirá del pago a los pequeños agricultores” y también creará un fideicomiso para el fomento de la biotecnología en el país a través del cobro de un canon tecnológico. 

De la reunión participaron representantes de acopios, exportadoras, cadenas, semilleros y entidades técnicas y también de las entidades de productores. El ministro de Agricultura Carlos Casamiquela destacó “el consenso alcanzado entre el Estado y los diversos actores” y resaltó “la modernización del sistema de pago que establece que no haya dos derechos de propiedad sobre el mismo bien”. 

La posición oficial quedó mas clara de boca del secretario de Agricultura, Gabriel Delgado. “Las inversiones y el desarrollo de la biotecnología y el germoplasma son fundamentales para nuestro país y el mundo. Es un camino de agregado de valor y generación de empleo que tiene que ser incentivado con reglas claras y el consenso de todos los actores”.

Apoyos y rechazos

La Asociación Semilleros Argentinos (ASA), compuesta por 82 empresas de origen nacional e internacional privadas y públicas, valoró el anuncio del gobierno, expresando su “agrado por la decisión política de poner orden en una situación en donde no la hay, cuyo dato más elocuente es que sólo el 15 por ciento de la superficie sembrada de soja se hace con semilla fiscalizada”. El apoyo también lo expresó en términos parecidos la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov).

Del otro lado, organizaciones ambientalistas, agrarias, sociales y políticas repudiaron el anuncio del DNU “que modifica la Ley de Semillas favoreciendo a empresas biotecnológicas, reconociéndoles el pago de derechos de propiedad intelectual en las semillas”. Y entienden que el decreto impulsa la “apropiación de los bienes comunes de la naturaleza que son una apropiación de los saberes ancestrales que provienen de 10 mil años de agricultura”.

Una larga lista de organizaciones convocaron el próximo sábado 23 a la “Jornada Mundial de Lucha contra Monsanto y el Agronegocio 2015” en más de 600 ciudades del mundo, entre ellas diferentes puntos de Argentina. (Noticias AgroPecuarias)

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